En el documento se denunciaba a los directores Julio César Saguier (Grupo La Nación), Jorge Carlos Rendo (Grupo Clarín), Alejandro Alberto Urricelqui, Héctor Mario Aranda, Francisco Iván Acevedo, Alberto Maquieira y Guillermo González Rosas; a los que se suman los miembros titulares del Consejo de Vigilancia: Saturnino Herrera Mitjans, Alejandro Julio Saguier y Horacio Pablo Verdaguer, según destacó la agencia Télam.
Refería "graves irregularidades en el funcionamiento del directorio de Papel Prensa", como la designación de Maquieira para ocupar la Presidencia del Directorio en reemplazo de Julio Saguier, resuelto el 4 de noviembre del año pasado.
Cabe recordar que Papel Prensa es una empresa que cotiza en Bolsa, de la que son accionistas el Estado nacional (27,46%) y el Grupo Clarín (49%) y La Nación (22,49%), y de sus ocho directores, tres son representantes del Estado y uno es independiente.
El texto
La resolución, que lleva la firma del juez Eduardo Malde y al que tuvo acceso Télam, decide en su punto a): "bajo responsabilidad del Estado Nacional y de la Comisión de Valores, suspender cautelar lo resuelto en las resoluciones de directorio de Papel Prensa SACIF, del 4 de noviembre de 2009 y consecuentemente también, aquellas posteriores y lo decidido en las asambleas actas 83 y 84".
También resuelve suspender "la celebración de la Asamblea General Ordinaria aprobada en la reunión de directorio del 3 de febrero de 2010 fijada para el 9 de marzo de 2010".
En el punto b) resuelve "intervenir cautelarmente a Papel Prensa SACIF, designando coadministrador al doctor Carlos Bianchi, sin desplazamiento de los integrantes del directorio, Comisión Fiscalizadora, Consejo de Vigilancia, Comité de Auditoría y Comité Ejecutivo con mandato vigente al 4 de noviembre de 2009".
Ordena además la "incorporación inmediata en el cargo como integrante del Consejo de Vigilancia por el Estado Nacional de Alberto Ricardo González Arzac y el apartamiento preventivo del Asesor Legal del Directorio, Enrique Pigretti".
Esta resolución se da tanto en la causa del Estado Nacional contra Papel Prensa, como en la que se sumó la Comisión Nacional de Valores.
El gobierno denunció en la Justicia a la empresa Papel Prensa a través del Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, en representación del Estado Nacional de los derechos societarios en Papel Prensa S.A. -27,46 % del paquete accionario-.
La denuncia involucró a los directores Jorge Carlos Riendo (Grupo Clarín) y Julio César Saguier (Grupo La Nación) por "graves irregularidades de funcionamiento en el directorio constatada por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y pidió se acepte como medida cautelar "la intervención de la administración.
El escrito denunciaba a los directores Julio César Saguier (Grupo La Nación), Jorge Carlos Rendo (Grupo Clarín), Alejandro Alberto Urricelqui, Héctor Mario Aranda, Francisco Iván Acevedo, Alberto Maquieira y Guillermo González Rosas; a los que se suman los miembros titulares del Consejo de Vigilancia: Saturnino Herrera Mitjans, Alejandro Julio Saguier y Horacio Pablo Verdaguer.
En la denuncia se solicitaba como medidas cautelares "la nulidad de todas las reuniones del directorio de la sociedad Papel Prensa celebradas a partir del día 4 de noviembre de 2009, oportunidad en que se celebraron dos reuniones de ese órgano, cuya declaración de nulidad también se requiere".
Y se solicitaba la intervención del Estado en la administración de la empresa, habiendo sido concedidos ambos pedidos por el juez Malde.
En la extensa resolución del magistrado (27 carillas), admite la presentación realizada en la denuncia, donde se manifiesta que "se han violado los derechos que como accionista ostenta el Estado Nacional, tales como su derecho de información y su derecho a estar efectivamente representado en el Consejo de Vigilancia".
En otro párrafo de su escrito, el juez Malde indica que "se ha impedido el ejercicio de funciones a directores designados por el Estado Nacional, al cercenarse también a éstos el acceso a información necesaria para su efectiva participación en la gestión social.
También refleja la petición del gobierno al señalar que "se ha violado el derecho del Estado Nacional a estar representado en el Consejo de Vigilancia y participar de la fiscalización de la sociedad.
Hace referencia además a que se ignoró "lo dispuesto por la Comisión Nacional de Valores, lo cual justifica no solo la remoción con causa de los directores privados de la sociedad, sino que ratifica la necesidad de que se proceda a disponer la intervención judicial de Papel Prensa".
Por otra parte revela la resolución que "se ha violado el derecho del Estado Nacional a estar representado en el Comité de Auditoría", y expone "la existencia de irregularidades en el funcionamiento de la sociedad Papel Prensa SA" y la decisión de la CNV de Instruir un sumario administrativo a las autoridades de la misma".
Papel Prensa es una sociedad cuyo capital accionario es 49% del Grupo Clarín -de manera indirecta a través de sus sociedades controladas-; 27,46% del Estado nacional; 22,5% de La Nación; y el 1,04% en manos de terceros.
Antecedentes de la pelea por Papel Prensa
Las disputas en torno a Papel Prensa se producen en el marco de la pelea de los Kirchner con Clarín y La Nación.
Podría decirse que el conflicto con Papel Prensa comenzó el 7 de agosto pasado, cuando los Kirchner realizaron una movida importante: en reemplazo de Alberto Fernández, la Presidente designó a la polémica directora del área de Precios del INDEC Beatriz Paglieri (mano derecha de Guillemo Moreno) y designó en el otro sillón que el Estado tiene en el directorio a Carlos Mauricio Mazzón, hijo del conocido operador K.
El 20 de noviembre Moreno desplazó al jefe de la Sigen, Carlos Alberto Paciosw, luego de remover a los síndicos del Estado en Papel Prensa, Carlos María Vidal y Alejandro Turri, por no acompañar el enfoque gubernamental sobre la única fábrica de papel para diarios del país.
Una semana antes, y por presiones de Moreno, renunció Eduardo Hecker, titular de la Comisión Nacional de Valores.
Según se supo, Moreno le exigió a Hecker que no aceptara un balance contable de Papel Prensa que no llevaba las firmas de los directores que representan al Estado, los morenistas Beatriz Paglieri y Pablo Aldo Cerioli.
El 24 de noviembre, Boudou le pidió a la Cámara de Diputados que se formen comisiones especiales para realizar un seguimiento de las últimas decisiones políticas en la compañía.
Dos días después, Moreno presentó una denuncia en la Justicia en lo Penal Económico contra el directorio de Papel Prensa (ver nota relacionada) que estuvo en funciones entre diciembre de 2008 y septiembre de 2009. Para Moreno, el directorio cometió un fraude administrativo necesario para aprobar el estado contable de la empresa Papel Prensa.
Cabe destacar que en noviembre el Gobierno decidió delegar en la Secretaría de Comercio Interior el ejercicio de todos los derechos societarios correspondientes a la participación del Estado en Papel Prensa.
En medio de todo esto, los diarios Clarín y La Nación denunciaron en reiteradas ocasiones sufrir presiones de parte de Moreno.
En diciembre, el fiscal federal Gerardo Pollicita pidió que Moreno y Boudou, sean investigados en la causa en la que Clarín denunció un plan del Gobierno para expropiar sus acciones en Papel Prensa
La causa contra Moreno se inició por una denuncia de amenazas presentada por un director de Clarín, Jorge Rendo. Después, Papel Prensa presentó una querella, y el fiscal pidió que se la investigara.
El juez de la causa, el magistrado subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid, ya instruía este caso a instancias de los querellantes, directivos de Clarín y S.A. La Nación, compañías que son accionistas privadas de Papel Prensa, y había ordenado la declaración de varios testigos.
El 11 de diciembre, Aráoz de Lamadrid designó un veedor para que controle desde adentro lo que sucede en Papel Prensa y se lo informe. Lo hizo a pedido de los accionistas privados de la empresa, que denunciaron que el secretario de Comercio Interior había montado un operativo delictivo para tomar el control de la compañía.
La medida adoptada fue preventiva, ya que se determinó que el veedor no desplazaría a ninguna de las autoridades, sino que limitará su actividad a "recolectar datos y elementos que ilustren al tribunal sobre cuestiones atinentes al funcionamiento de la sociedad" en cuanto a lo económico y financiero, y "vigilará las operaciones o actividades que ejerzan los accionistas".
La idea era evitar que el hostigamiento de Moreno, que denuncian los querellantes, ponga en riesgo a la empresa.
El 26 de enero, el juez federal en lo contencioso administrativo Ernesto Marinelli suspendió la resolución de Moreno, por la cual el polémico funcionario estableció precios máximos para el papel para diarios que vende Papel Prensa a más de 170 clientes de todo el país.
En un duro fallo, el juez entendió que la resolución "es probablemente inconstitucional" y que habiendo sido dictada en virtud de la ley de abastecimiento y de una subdelegación de funciones que en rigor corresponden al Congreso, la medida "socava la división de poderes propios de una República".
Como respuesta a este fallo, el 2 de febrero Moreno desplegó nueva artillería y pidió la directa intervención del directorio por "graves irregularidades".
En representación de los derechos societarios del Estado Nacional (27,46%) denunció a los siguientes directores: Julio César Saguier (Grupo La Nación), Jorge Carlos Rendo (Grupo Clarín), Alejandro Alberto Urricelqui, Héctor Mario Aranda, Francisco Iván Acevedo, Alberto Maquieira y Guillermo González Rosas; a los que se suman los miembros titulares del Consejo de Vigilancia: Saturnino Herrera Mitjans, Alejandro Julio Saguier y Horacio Pablo Verdaguer.
Dentro del documento presentado ante el Juez se solicita "la nulidad de todas las reuniones del directorio de la sociedad Papel Prensa celebradas a partir del día 4 de noviembre de 2009", momento en el que fuera designado Alberto Maquieira en la presidencia del Consejo, hecho que según aduce el gobierno fue irregular.
