Río Negro y Neuquén: Alerta y temor por contaminación de mercurio

Preocupa en la Patagonia los cientos y hasta miles de toneladas de mercurio que se encuentran bajo tierra cuyas consecuencias son funestas para la salud por el alto poder generativo de distintos tipos de cáncer que tiene este mineral.
En sintonía, la preocupación local suma también malestar por la lentitud de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, dirigida por Romina Picolotti, para otorgar la auditoría nacional e internacional que resolvió realizar el año pasado para establecer los alcances y el daño producido por esta contaminación ambiental. En febrero del año pasado, los pobladores de la localidad rionegrina de Cinco Saltos, que se encuentra en el extremo norte del Alto Valle -una de las zonas productoras de frutas de pepita de carozo más importantes del país, con volúmenes de exportación que rondan los u$s 600 millones por año- denunciaron que unas 200 toneladas de carbón activado contaminado con mercurio fueron transportadas por un camión que llevaba los tóxicos hacia la zona de bardas que rodean la ciudad. Esta denuncia realizada por el municipio local al CODEMA (Consejo de Medio Ambiente Provincial), que tampoco ha adoptado una posición exigente en tan grave problema, permitió establecer que en las proximidades de Cinco Saltos se encontrarían enterradas miles de toneladas de mercurio, utilizados durante años por la ex INDUPA -hoy con otro nombre: Imextrade SA- para la producción de cloro, hexaclorocicloexano, tricloroetileno y policloruro de vinilo (todos altamente cancerígenos) y otros productos derivados. El diario local Río Negro publicó en febrero del año pasado el acta realizada por funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación después de realizada una inspección al lugar. Ese documento, confeccionado sobre la base de lo dicho por Imextrade SA y no por auditorías independientes, dice que "se habían tratado y depositado en la barda 176 toneladas de tierra contaminada con mercurio, 208 toneladas de grafito de celdas, 232 toneladas de carbón catalítico y 80 toneladas de grafito molido; y que restaba tratar el carbón catalítico agotado que estaba en bins de madera con un film de polietileno".
 
Sin embargo, el mismo diario sostiene que "en 2002 se constató que los bins con el carbón contaminado con mercurio seguían en el lugar y en 2004 Imextrade presentó al CODEMA el proyecto de disposición final en la barda para esas 200 toneladas, que el CODEMA autorizó en 2005, previa fiscalización del proceso".
Pero este blanqueo de Imextrade SA -una empresa cuasi fantasma con muy poco patrimonio- no respondería a investigaciones privadas llevadas a cabo por expertos nacionales e internacionales que se han interesado en el problema y que tienen vinculación con la organización Green Peace: estos informes elevan la existencia de mercurio a cientos de toneladas y por eso exigen la auditoría ambiental, cuyas referencias ya fueron dictaminadas por Picolotti pero aún no se ha concretado el llamado a licitación. Por lo que se sabe en medios ambientalistas, la demora obedece a la presentación de una importante auditora de capitales alemanes que se encuentra fuera del alcance de los lobbies políticos y empresarios que rodean a este tema, según informa Ámbito Financiero. En la Secretaría de Medio Ambiente existirían otras tres consultoras invitadas, cuyos nombres se mantienen en estricto secreto. Los ambientalistas rionegrinos temen que sean "caballos de comisario" para direccionar las auditorías y así evitar sanciones graves a la empresa, cuyas derivaciones hasta podrían alcanzar el Polo Petroquímico de Bahía Blanca. Esto es así porque INDUPA SA (Industrias Patagónicas en Río Negro) se fundó en 1948 y en 1986 inició actividades en el Polo Petroquímico de Bahía Blanca. Cuando estaba inmersa en un proceso de concurso de acreedores y estatización, entre 1993/95, Domingo Cavallo, como ministro de Economía de Carlos Menem, decidió privatizarla previa absorción de la deuda por parte del Estado. La empresa pasó a manos de los grupos YPF, Itochu y Dow. En 1996 compró 51% del paquete accionario el Grupo Solvay, empresa belga y uno de los mayores productores de PVC a nivel mundial. Pero paralelamente a ello y para evitar hacerse cargo del pasivo ecológico que podría generar la planta de Cinco Saltos por la contaminación del medio ambiente -no sólo corre peligro la población de Cinco Saltos, sino también todo el Alto Valle rionegrino por la contaminación del mercurio en las napas freáticas-, INDUPA de Cinco Saltos pasó a manos de Imextrade, de la que no se conoce otro patrimonio que los terrenos contaminados que existen en esa localidad rionegrina. Indupa Solvay se quedó sólo en el PP de Bahía Blanca, donde también habría soportado auditorías internacionales por una filtración de cloro. El caso salta con espasmos a luz pública, de tanto en tanto. Desde febrero del año pasado no se habían conocido expresiones a favor de las auditorías, hasta que el intendente local, Ignacio del Mazo, que dejará su cargo el próximo 10 de diciembre, lo trajo, ahora, de nuevo a la superficie. Del Mazo es un médico peronista vinculado al senador nacional Miguel Angel Pichetto y al intendente de General Roca, Carlos Soria. La sucesora del intendente es Patricia Etcheverry, proveniente del PPR, un partido de origen militar -lo formó el ex gobernador general Roberto Requeijo- que primero se alió al radical K Miguel Saiz para las elecciones provinciales donde el gobernador rionegrino consiguió la reelección, pero en las últimas presidenciales sirvió de plataforma local para la fórmula Roberto Lavagna-Gerardo Morales. Patricia es hermana de Ricardo Etcheverry, actual director de ENARSA.