El proyecto contiene pruebas presentadas en la causa a partir de mails, videos y testimonios; y señala que la existencia de una “mesa judicial” con el fin de "perseguir dirigentes sindicales viola todo principio republicano de división de los poderes y suprime la garantía del debido proceso ante un tribunal independiente e imparcial (Art. 18 CN; Art. 8 CADDHH, Art. 10 DUDDHH,Art. 14 PIDCyP, entre otros). Por lo tanto el accionar de Vidal es incompatible con los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales sobre derechos humanos, al tiempo que implica dejar de lado al ’derecho penal del ciudadano’ y abrazar el ’derecho penal del enemigo’, propio de regímenes autoritarios cuyos métodos añora”.