* Tasa Nacional: 0,50 casos por cada 100 mil mujeres.
El organismo aclara que estos números representan un "piso mínimo", dado que existen dificultades institucionales para la caratulación judicial con perspectiva de género y un persistente subregistro en el seguimiento de medios de comunicación e información oficial.
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Un femicidio cada 34 horas en el país.
Por su parte, el escrito detalla patrones específicos que ayudan a comprender el comportamiento de esta problemática. Entre los principales rasgos aparece el entorno doméstico, como peligro principal. El 57,1% de los asesinatos ocurrió en la vivienda de la propia víctima o en el hogar compartido con el agresor. A su vez, en el 48,6% de los casos, el femicida era la pareja o expareja.
El impacto en las generaciones más jóvenes es notorio. El 35,2% de las personas asesinadas se ubicaba en el rango etario de los 15 a los 34 años. Además, 10 de las víctimas eran menores de edad, como Agostina Vega y Dulce María Beatriz Candia.
Alarmas encendidas en Rosario
El análisis geográfico del texto ubica a la provincia de Santa Fe en una situación de extrema preocupación, mostrando indicadores que superan ampliamente la media de Argentina. El territorio registra una tasa de 0,93 femicidios por cada 100 mil mujeres, una cifra que prácticamente duplica el promedio del país. En total se contabilizaron 17 casos.
No obstante, el punto de mayor preocupación se encuentra en el departamento Rosario que concentró 10 de ese total, disparando la tasa local a 1,43 casos por cada 100 mil mujeres, consolidándose como uno de los índices más elevados del informe.
Un componente particular detectado en Santa Fe es que el 23,5% (casi una cuarta parte) de los episodios letales aconteció en contextos cruzados por el narcotráfico y las organizaciones delictivas, lo que añade capas de complejidad al abordaje de la violencia de género en la región.
El debate sobre el acceso a la justicia y las denuncias
El Observatorio introduce datos específicos para confrontar las iniciativas políticas actuales que proponen endurecer los castigos ante supuestas "falsas denuncias" —como la propuesta legislativa de la senadora nacional de Unidos, Carolina Losada —. Frente a esta postura, el estudio revela que el 62,1% de las víctimas que tenían antecedentes conocidos de violencia doméstica nunca había acudido a realizar una denuncia formal.
Para el organismo, esto demuestra que el nudo del problema no se encuentra en una manipulación del sistema judicial, sino en los severos obstáculos y desprotección que experimentan las mujeres a la hora de denunciar, tales como el temor, el debilitamiento de los esquemas estatales de prevención, la ausencia de resguardo efectivo y el recorte en las redes de asistencia territorial.
La ciudad no se queda atrás y también habrá movilizaciones
Ante una realidad que preocupa, y mucho, las calles volverán a hablar de manera masiva este miércoles. En la ciudad, diversas agrupaciones feministas, sociales y de derechos humanos convocaron a una concentración a las 15:30 en la Plaza 25 de Mayo, con una posterior movilización hacia la Plaza San Martín que iniciará media hora más tarde.
La jornada culminará con la proclama de un documento colectivo enfocado en exigir políticas de prevención reales, asistencia integral a las víctimas y un incremento presupuestario para la materia.
Desde agrupaciones como la Red de Mujeres y Disidencias se remarcó que las figuras de Agostina Vega y Dulce María Beatriz Candia guiarán el reclamo, buscando interpelar tanto a las instituciones estatales como a los varones de la sociedad, exigiéndoles una revisión activa de sus propios silencios y conductas frente a una violencia estructural que restringe el desarrollo y la libertad de las mujeres desde temprana edad.
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La jornada pondrá el foco en los femicidios, las desapariciones de mujeres y adolescentes y el reclamo por políticas públicas de prevención y acompañamiento.
Ni Una Menos: Un grito ensordecedor que sigue sin ser escuchado
El grito colectivo que se alza en cada rincón del país no es un simple lema; es la manifestación de un desgarro profundo que recorre a la sociedad. Mientras en Córdoba se desplegaban los esfuerzos para dar con el paradero de Agostina Vega, en Misiones se confirmaba el peor de los desenlaces para Dulce María Beatriz Candia, cuyo cuerpo fue hallado en una edificación abandonada tras casi dos semanas de intensa e infructuosa búsqueda.
Estos hechos no son aislados; representan dos identidades reales y dos núcleos familiares sumidos en una devastación que las palabras difícilmente logran abarcar. Son dos rastreos en geografías diferentes que confluyen en un mismo impacto emocional para miles de mujeres: la reinstalación del temor, el desamparo y una congoja que satura el discurso público. La persistencia de esta realidad se vuelve intolerable.
Abordar esta problemática implica comprender que no se trata de meros indicadores cuantitativos ni de crímenes que se acumulan mecánicamente en las portadas de los medios digitales. Se trata de existencias singulares, de jóvenes con trayectorias vitales, voces propias, lazos afectivos, aspiraciones y entornos familiares que aguardaban su regreso y que hoy se ven obligados a convivir con la crueldad más absoluta.
La regularidad con la que acontecen estos episodios revela una constante social que no admite ser catalogada como una serie de anomalías: la pérdida de vidas de mujeres continúa de manera ininterrumpida.
Expresar esta verdad genera un desgaste inherente, ya que la reiteración del reclamo corre el riesgo de percibirse como una rutina discursiva. Pero, lejos de diluirse, el impacto de cada hecho se acumula de manera somática, transformándose en un estado permanente de zozobra y vulnerabilidad.
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Por Agostina, Dulce María, las que faltan, las que siguen teniendo miedo y por todas.
La celeridad con la que se suceden los acontecimientos posee una saña particular: el tiempo resulta insuficiente para procesar la pérdida de una víctima cuando de inmediato irrumpe una nueva ausencia.
El contraste es flagrante: mientras un grupo familiar suplica por asistencia ante los medios de comunicación, otro se enfrenta al reconocimiento de un resto mortuorio; una jurisdicción permanece conmocionada mientras en otra se inicia idéntico ciclo de incertidumbre y desenlace trágico.
Esta dinámica cíclica deviene inevitablemente en un sentimiento de profunda indignación. Una indignación dirigida hacia una estructura de violencia machista que no interrumpe su curso destructivo; hacia los estamentos institucionales que de manera sistemática intervienen con tardanza, priorizando tecnicismos formales frente al sufrimiento de los deudos; y hacia una comunidad que aún normaliza conductas de riesgo y cuya reacción suele limitarse al momento en que los daños son definitivos.
Existe una necesidad imperiosa de convocar a la reflexión a la población masculina. La vulnerabilidad ante estos hechos no constituye un concepto teórico ni una vivencia ajena; afecta la corporalidad y determina las pautas de movilidad y conducta de las mujeres desde las etapas más tempranas de su desarrollo. Por consiguiente, asumir una escucha activa, interrogar los propios silencios y reconocer la implicancia en el entramado social se configuran como demandas de cumplimiento perentorio.
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