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Ludopatía: La dudosa ofensiva de Juan Bautista Mahiques

Con el argumento de la ludopatía, Juan Bautista Mahiques cargó sobre las apuestas clandestinas pero ¿el tema de su campaña es la adicción?

Juan Bautista Mahiques, conspicuo integrante de la llamada ' familia judicial', es el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) desde el 30/10/2019 (Horacio Rodríguez Larreta). El actual jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, le ha encargado una ofensiva frontal contra las casas de apuestas electrónicas clandestinas en nombre del combate contra la adicción conocida como ludopatía.

La Resolución FG Nº 73/2024 dispuso desde agosto que la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 20 de CABA, asuma el rango de Especializada en Delitos y Contravenciones vinculados a los Juegos de Azar (FEJA), sin perjuicio de conservar las competencias actuales que ya posee.

Es comprensible que el Estado embista contra el juego electrónico clandestino por un motivo poderoso: La Ley 27.346 establece un impuesto que grava las apuestas y/o juegos de azar efectuados en el país a través de cualquier tipo de plataforma digital, dispositivo utilizado para su descarga, visualización o utilización, a través de Internet o de cualquier adaptación o aplicación.

Pero las necesidades del Fisco son diferentes a la cuestión de la ludopatía, que resulta una preocupación social extendida y creciente, en especial por su impacto en niños, adolescentes y jóvenes.

La Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos (CASCBA) y la Asociación de Loterías Estatales de Argentina (ALEA) unieron fuerzas e influencia en la ofensiva que lidera Mahiques.

El Gobierno de CABA ha informado de la incautación de $250 millones y dólares y criptomonedas, y 1.835 sitios ya bloqueados. También la notificación y citación judicial a famosos e influencers que promocionan apuestas en plataformas ilegales.

Sin embargo, ¿tiene relación ese esfuerzo por preservar los ingresos fiscales y la rentabilidad de las casas de apuestas electrónicas legales con la lucha contra la ludopatía?

Los empresarios tanto privados como estatales (BetWarrior, Betano, Betsson, Bplay, Bet365, City Center Rosario, Casino Magic Neuquén, Lotería de Misiones, Casino Club, Casino Buenos Aires y Betfun) afirman que :

“El acceso de menores de edad al juego online está prohibido y garantizar que eso se cumpla es un tema prioritario y de absoluta relevancia, tanto para el Estado como para las casas de apuestas que operan legalmente en nuestro país. El problema radica en que existen cientos de sitios de apuestas ilegales que no realizan ningún tipo de control, facilitando el ingreso de cualquier persona”.

  • ¿Esto quiere decir que ahora la ludopatía descenderá por la acción de Mahiques?
  • ¿Cómo se evalúa si su campaña es exitosa en términos de ludopatía?
  • ¿Quién realizará la evaluación y cuándo?

Iglesia Católica

La sociedad Mahiques / CASCBA / ALEA intenta una respuesta al grave problema social antes que también le llegue el cuestionamiento al juego electrónico legal.

¿Tendrá impacto práctico la transferencia de responsabilidad?

'Apostar no es un Juego' fue el documento de las Pastorales Diocesanas, de la Iglesia Católica Argentina, que señaló:

  • “Equipos de la Pastoral Social de distintas provincias del país queremos expresar nuestra profunda preocupación por lo que está pasando con las denominadas apuestas online. Coincidimos en que se está naturalizando una conducta muy nociva para todas las personas, para la vida en comunidad y, sobre todo, para adolescentes y niños y sus familias”.
  • “En nuestras ciudades, pueblos y comunidades rurales, vemos que esta adicción se va incrementando. Advertimos que es una realidad que no discrimina ni clase social ni regiones geográficas. Hay muchos motivos que nos llevan a preocuparnos porque estamos viendo el daño social que se está ocasionando. En el contexto socioeconómico que vivimos desde hace décadas, nos preocupa profundamente cómo esta práctica adictiva socava la cultura del trabajo y del esfuerzo, además de lo gravoso que resulta fomentar una conducta que genera adicción”.

Por lo tanto, CASCBA y ALEA responden: 'No somos nosotros' porque la responsabilidad es del juego clandestino, y el fiscal general Mahiques va a la carga.

Sin embargo, el reclamo de la Pastoral Social se encuentra insatisfecho porque si bien menciona al juego clandestino como gran responsable, también afirma:

"Les pedimos a las autoridades que en cada distrito o jurisdicción regulan las apuestas online y los juegos de azar, que tomen medidas inmediatas -en algunos casos se vienen implementando- para impedir el acceso de menores de edad a los sitios que se han legalizado; que se restrinja todo tipo de publicidad sobre este negocio; que no se otorguen nuevas licencias de juego online; que no se renueven las que están vigentes; y que se denuncien los sitios ilegales para que sean bloqueados de inmediato".

En definitiva, los referentes de la Iglesia Católica solicitan medidas de restricción generales tanto para los ilegales como los legales. Luego precisan:

Nos preocupa que se vinculen las apuestas online con el deporte, especialmente con el fútbol. Todos sabemos que en la Patria de los campeones del mundo el fútbol, por ser el deporte más popular, tiene un fuerte arraigo cultural y afectivo en cada rincón del país. Es penoso que desde ámbitos del deporte se promocione algo que va en contra de la salud. Cuando vemos en nuestras provincias los estragos que está causando esta y otras adicciones, surgen algunas preguntas: ¿Adónde nos están conduciendo los que promocionan esto? ¿Qué buscan fomentando algo tan peligroso y dañino para la sociedad? ¿Por qué lo hacen?”.

Ahí existe un problema enorme: el deporte profesional, en general, está buscando patrocinios en las casas de apuestas deportivas legales, cuando los religiosos solicitan que nada de eso suceda.

Hasta ahora, pierde la Pastoral Social porque el foco es quitarle la competencia al juego legal y garantizar los ingresos del Fisco. Obviamente no es una campaña del Estado contra la ludopatía aún cuando lo enuncie para fundamentar los allanamientos, imputaciones, incautaciones y detenciones.

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