También pidió que sea apartado de la causa Daniel Obligado, uno de los jueces del TOF 5 que sobreseyó a Cristina Kirchner. El fiscal explicó que el magistrado ya opinó sobre el fondo del expediente, por lo que en caso que se ordene hacer el juicio ya no puede intervenir. El segundo juez que votó por los sobreseimientos, Adrián Grünberg, ya no integra el tribunal.
El fiscal Velasco fue muy crítico con los jueces: dijo que con su resolución los magistrados “han devastado años de investigación, de recopilación de prueba de difícil obtención, de labor extenuante de distintos actores del Ministerio Público Fiscal frente a personas que ostentan un gran poder político y económico, sin siquiera darle a esta parte la posibilidad de debatir todas las cuestiones en un plano de mayor transparencia e igualdad, para que la sociedad toda pueda obtener del Poder Judicial de la Nación a través del método normal y natural de culminación de un proceso (sentencia luego del juicio) y no a través de un método anormal y simplemente formal, la definición de una causa en donde se ha investigado entre otras cosas el posible lavado de dinero llevado adelante por quienes ocuparon la Primera Magistratura de la Argentina durante más de 12 años, sobre todo teniendo en cuenta que en apenas 2 meses el proceso estaría en condiciones de iniciar el debate oral y público”.
Uno de los argumentos que planteó en su presentación para pedir que se revoquen los sobreseimientos fue que los jueces del TOF 5 tomaron esa decisión en violación a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También que en la causa hay prueba pendiente que se está realizando -dos peritajes- y que no se puede sobreseer cuando la instrucción suplementaria del caso no está terminada, por lo que todo debe analizarse en un juicio oral.
Además de la Fiscalía, otra parte acusadora de la causa es la Unidad de Información Financiera, un organismo del gobierno. El plazo para apelar vence mañana a las 9:30 horas pero hoy pidió una prórroga (y se espera que le den más tiempo).
En la causa se investiga un presunto lavado de dinero y asociación ilícita de parte de las sociedades Hotesur y Los Sauces - de la familia Kirchner- en el alquiler de sus hoteles y propiedades a los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa. La imputación es que alquilaron como contraprestación a las obras públicas que sus empresas recibieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
A fines de noviembre, Cristina Kirchner, sus hijos, los empresarios y el resto de los imputados, entre ellos los contadores Osvaldo Sanfelice y Víctor Manzanares, Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de Cristina Kirchner e hija de la gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner, y otros integrantes de la sociedades Los Sauces y Hotesur fueron sobreseídos.
