“Esta reducida enumeración de operaciones no alcanzadas contrasta, no libera ni deja afuera, a un amplio universo de personas para quienes su aplicación redunda en una verdadera afectación para el desarrollo de sus actividades, llegando en muchos casos a funcionar como un desincentivo o disuasión para su continuidad, especialmente el caso de los atletas argentinos en representación oficial de nuestro país”.
A su vez, para argumentar su pedido, la diputada explicó que desde que se implementó en Argentina el Impuesto País, cientos de deportistas y atletas se han visto afectados de manera directa al punto de no poder asistir a competencias internacionales.
“Los deportistas y atletas de alto rendimiento de nuestro país han sido un grupo especialmente afectado, no sólo por el sinnúmero de dificultades que han tenido para la continuidad de su práctica y entrenamiento ante la pandemia, sino por lo sensible que es su actividad a las oscilaciones económicas, tan comunes en Argentina”, dijo.
Y añadió: “Para muchos atletas participantes el impuesto país se ha presentado no solo como un obstáculo sino como un desincentivo, restringiendo sus posibilidades de participar y debiendo incrementar los esfuerzos para conseguir patrocinadores y financiamiento especial”.
Entre este universo de deportistas afectados, la legisladora destacó un caso de particular resonancia, " el del Comité de atletas argentinos participantes del Campeonato Mundial de Atletismo Adaptado, exclusivo para deportistas con Síndrome de Down, desarrollado en la ciudad de Nymburk, República Checa entre los días 19 al 26 de junio de este 2022, para quienes esta carga impositiva ha sido especialmente desventajosa para su participación”.
En ese sentido, la diputada de la UCR no está sola en el pedido, sino que la acompañaron en su presentación una veintena de diputados, tales como: Karina Banfi, Margarita Stolbizer, Gabriela Lena, Ana Romero, Marcela Campagnoli, Juan Martin, Ximena García, Laura Machado, Dina Rezinovsky, Julio Cobos, Hugo Romero, Mario Barletta, Camila Crescimbeni, Adriana Ruarte, Marcela Coli, Alfredo Bouhid, Leonor Martínez Villada, Lidia Ascarate, Lisando Nieri, Pamela Verasay y Roberto Sánchez, entre otros.
Recordemos que desde el año 2019, con la sanción de la Ley 27.541 Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, se estableció en Argentina el denominado Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria, o PAIS, conformado mediante un porcentaje adicional del 30% (8% para servicios digitales) aplicado sobre el importe total de distintas operaciones que involucran el pago en dólares en el exterior, efectivizado al momento de realizar la transacción.
En ese contexto, los legisladores consideraron que “este impuesto, fundado en criterios de equidad y distribución social y solidaria de cargas, actúa en la práctica como un componente que encarece e incrementa el valor de bienes y servicios que se comercializan en moneda extranjera, haciendo aún más dificultoso su acceso en una economía caracterizada por su volatilidad y la inferioridad de cambio de su moneda”.
“Al amplio espectro de actividades enumeradas en el artículo 35 de dicha ley que constituyen el hecho imponible, le sigue un reducido universo de sujetos y actividades que por su importancia quedan fuera de su alcance, tales como los gastos para prestaciones de salud, la compra de medicamentos, adquisición de libros, utilización de plataformas educativas, gastos asociados a proyectos de investigación y adquisición de materiales de equipamiento destinado a la lucha contra el fuego y la protección civil de la población”, argumentaron.
