La justicia federal de San Martín dictó una cautelar contra la "vulneración de derechos laborales" por el cierre de la EEA AMBA.
La justicia federal frenó mediante una medida cautelar el cierre de una estación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ubicada en el conurbano bonaerense, con lo que evitó el despido de unos 100 empleados.
Se trata de la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA AMBA), ubicada en el partido de Ituzaingó, y sus 9 agencias de extensión dependientes que el INTA ordenó cerrar definitivamente en marzo.
Según los peticionantes, la EEA AMBA se especializa en "investigación, transferencia tecnológica y asistencia técnica para la agricultura familiar urbana y periurbana del Área Metropolitana de Buenos Aires".
El juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, subrogante Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N° 2, hizo lugar al pedido de los sindicatos ATE, APINTA y diversas organizaciones sociales.
El magistrado consideró que aún en la etapa preliminar del proceso "se verifican circunstancias graves y objetivas" que justifican la aplicación de la medida de amparo "a fin de evitar perjuicios irreparables y preservar el statu quo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo".
Portocarrero Tezanos Pinto consideró que "se evidencia prima facie la vulneración de derechos y garantías laborales vigentes" y que "se trasgrede de forma manifiesta el principio de estabilidad, así como los derechos laborales y sindicales reconocidos a los trabajadores estatales, al sustraerlos del ámbito de protección de las Convenciones Colectivas de Trabajo vigentes y al interferir arbitrariamente en cuestiones que, por su naturaleza, deben resolverse en el marco de la negociación colectiva y de los regímenes estatutarios respectivos".
Los peticionantes sostuvieron en su presentación que el cierre dictado por el INTA implica "la interrupción abrupta de un proceso institucional construido durante más de quince años, afectando a miles de productores familiares, organizaciones sociales, gobiernos locales, universidades, investigadores, técnicos y trabajadores del organismo".
En este sentido, el juez consideró que la ejecución de la decisión del INTA "podría producir la desarticulación de equipos técnicos especializados, la interrupción de programas de investigación y transferencia tecnológica, la pérdida de redes institucionales construidas durante años de trabajo territorial, la dispersión del personal involucrado y la afectación de vínculos establecidos con productores y organizaciones sociales de la región".
Agregó que, asimismo, "la eventual reasignación o desplazamiento de agentes podría generar consecuencias respecto de sus funciones, carreras administrativas y condiciones laborales cuya reparación ulterior podría resultar compleja".
El magistrado además ordenó no innovar respecto de la "asignación de edificios y/o venta y subasta de propiedades que ocupa la EEA (AMBA)". Los peticionantes habían advertido además que "es público y notorio la intención de sacar a remate" los terrenos de la institución a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.
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