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Claudio Barrelier, ex empleado de la Municipalidad de Córdoba.
Cambios en Córdoba capital
Para contener la crisis, la administración de Passerini ejecutó una serie de maniobras políticas y reglamentarias para ajustar el descontrol de los ingresos por militancia. En ese sentido, el propio intendente avanzó con el pedido de renuncia a todos los funcionarios políticos del área de Tránsito, donde se desempeñaba Barrelier, quien trabajaba como parte del sistema de emisión de carnets de conducir.
Además, Passerini ordenó la remoción de Moreno del Concejo Deliberante, al cual atendía en una banca como suplente. El dirigente no solo se “corrió”, sino que también presentó su renuncia tras quedar muy “pegado” a Barrelier, a quien incluso llegó a defender como asesor letrado.
Más profundo aún fue el proyecto para modificar la ordenanza que obliga al control de los antecedentes penales de los empleados municipales. La normativa, que hasta aquí exigía una revisión anual, sería acortada a un periodo de seis meses, incluyendo la búsqueda de certificados por delitos contra la integridad sexual y deudas alimentarias, entre otros.
Esto último fue uno de los puntos centrales del inicio de la gestión de Passerini, quien incluso llegó a apartar importantes funcionarios ante sospechas o denuncias por violencia de género. El caso paradigmático fue el de Gabriel Bermúdez, ex secretario de Transporte y Movilidad, quien dejó su cargo en el 2024 tras una denuncia por presunto acoso sexual, que tiempo más tarde fue desestimado por la Justicia.
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Daniel Passerini, bajo crisis por el caso Agostina Vega.
Cargos y favores militantes
Más allá de su presencia en la municipalidad, Barrelier exhibió toda una serie de conexiones que complicaron políticamente a Passerini y su gestión. Si bien la permanencia en el cargo tras la denuncia por presunta privación ilegítima de la libertad fue considerado un hecho grave, el daño mayor fue la exposición del “padrinazgo” político y la influencia de ciertos actores no sólo en las decisiones de planta, sino también en cuestiones disciplinarias e inclusive judiciales.
Más allá del ámbito municipal, el escándalo por el caso Agostina salpicó indefectiblemente a la gestión provincial, con cuestionamientos directos al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio de Seguridad.
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