El Tribunal concluyó que los considerandos del DNU 70/2023 para el caso prepagas no ofrecían "una mínima justificación de las razones o circunstancias de excepción que motivaron las modificaciones en la ley 26.682", que eliminaron el control estatal sobre las tarifas.
Y puso énfasis en la vaguedad de la argumentación expuesta por el Gobierno.
"El Poder Ejecutivo se limita a fundar las medidas en la sola afirmación de que existe una “crisis del sistema de salud” que exige “aumentar la competitividad del sistema” para lo cual “se deben liberar las restricciones de precios al sistema de medicina prepaga”. Estas consideraciones genéricas no demuestran mínimamente la existencia de una situación que sea de una urgencia tal que deba tratarse inmediatamente en un plazo incompatible con el trámite normal de una ley", esgrime.
Para la Corte, el DNU no hace "siquiera el intento de mostrar que exista una relación concreta entre la emergencia económica y social esgrimida por el Poder Ejecutivo y la necesidad de suprimir las facultades de control de la autoridad de aplicación; no surge de sus términos ninguna explicación de por qué la eliminación de dichas potestades resulta necesaria y urgente para paliar la alegada “crisis económica y social del país”".
Por otro lado, remarca que en reiteradas oportunidades ha señalado que "cabe descartar de plano" los criterios de "mera conveniencia" del Gobierno que "no justifican nunca la decisión de su titular de imponer un derecho excepcional a la Nación en circunstancias que no lo son, pues el texto de la Constitución Nacional no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto".
¿Cuánto de estos argumentos son aplicables al resto del contenido del DNU, que legisló en materia de diversos ámbitos?
"El fallo aclara que sólo se refiere a esa parte (derogación del sistema de autorización para aumentar prepagas)... pero el argumento tiene potencial viral para propagarse a otras (¿todas?) las partes del decreto", consideró el abogado Gustavo Arballo.
En eso mismo coincidió Ezequiel Steuermann, abogado y docente de FLACSO, quien señaló que "si bien el fallo se restringe al caso concreto, su razonamiento en cuanto a la falta de 'urgencia' es extrapolable análogamente".
Desde una óptica más política, la diputada y abogada Myriam Bregman planteó: "Ahora, si la mera conveniencia política no constituye una circunstancia excepcional de necesidad y urgencia: ¿por qué no declaran inconstitucional todo el DNU, si las condiciones políticas son las mismas para toda la amplia gama de temas que trata?".
Por su parte, el politólogo Andy Tow encontró el fallo de la Corte "sintomático" desde los planos político y social, al darle cauce a un reclamo "de varios segmentos que votaron a Milei y se sorprendieron cuando la libre fijación de los precios de que es desde siempre partidario el presidente les alteró la ecuación".
El analista puso foco en el tema elegido por el Tribunal para empezar a tratar el DNU haya sido el de las prepagas cuando se trata, dice, de un "gasto suntuario desde el punto de vista estadístico".
"No es azaroso que la Corte haya elegido iniciar allí la revisión del DNU: está diciendo "muchachos, hasta acá llegamos"", concluyó.