Hace unos días atrás, la Sala VI de Casación del fuero de instrucción tomó la decisión, siendo supervisada por un planteo del defensor de Sáenz Valiente, de pasar el expediente de la muerte de Emmily Rodrigues a la Justicia federal.
Esto surgió porque, según el razonamiento de la Cámara de Instrucción, en uno de los puntos claves de las acusaciones contra el empresario, el delito de suministro de drogas, debía ser investigado por el fuero federal.
Sin embargo, la jueza María Eugenia Capuchetti declinó la competencia federal en dicha investigación, por lo que la causa regresará a su juzgado original, el N°31 en el fuero de instrucción porteño.
La magistrada detalló, en su justificación del porque se rechazó el expediente, que “una vez recibidas las actuaciones en este Tribunal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 del ordenamiento ritual, se delegó su instrucción ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1″.
Además, Capuchetti dijo que la Justicia federal no puede hacerse cargo de investigar “situación fácticas vinculadas al suministro gratuito de estupefacientes”, por lo que ya está fuera de su competencia.
La clave, según la decisión, se encuentra en el artículo 34 de la Ley 23737, que establece que la entrega de estupefacientes para consumo es de “competencia provincial”, o, en este caso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La jueza federal coincidió con el fiscal Carlos Rívolo acerca de que todavía faltan investigar varios aspectos en la causa, algo que, según su criterio, debería de hacer el juzgado original.
Afirmó que “también de compartir el carácter prematuro asignado por el Sr. Fiscal (...) restan realizar una serie de diligencias que allí se encomendaron a la primera instancia para esclarecer los hechos investigados y que tienen directa incidencia sobre la competencia material debatida”.
Capuchetti, además, recomendó cuales deberían ser los puntos que faltan investigar, tales como la grabación completa de la segunda llamada realizada por el imputado al 911, la realización de un peritaje toxicológico y psiquiátrico en base a la cantidad y tipo de estupefacientes y alcohol que se hallaron en el organismo de la víctima para dictaminar sus posibles efectos del consumo; y la reconstrucción del hecho junto con un peritaje criminalístico.
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