El funcionario estuvo en el recinto durante 4 horas aproximadamente, respondiendo los interrogantes de los legisladores. Sin embargo, una vez terminada la sesión, diputados de la oposición afirmaron no haber quedado conformes con las explicaciones que brindó Sukerman.
"No dio certezas ni datos concretos, el gobierno no se hace cargo de una situación lamentable", disparó Joaquín Blanco, presidente del bloque Socialista. Carlos del Frade, del Frente Social y Popular, dijo a su vez que “Sukerman no explicó por qué se produjeron los privilegios otorgados a media docena de personas en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, ni tampoco cómo no hay un mecanismo de alertas que permitan impedir las "irregularidades" o hechos de corrupción individuales”.
“El problema es por qué suceden esos hechos individuales y solamente hay que esperar que las investigaciones judiciales avancen. Insistimos en la necesidad de democratizar la democracia porque sin transparencia y con privilegios de socava la credibilidad en el estado. Buscábamos esa respuesta política, no técnica y no la encontramos. Nos fuimos con sabor a poco", aseguró Del Frade.
Blanco, por su parte, expresó que “lamentablemente tuvimos escasas precisiones del ministro. Esperábamos respuestas claras, políticas, que expliquen que pasó en Baigorria, y cuáles fueron los motivos por los cuales el vicepresidente de la Empresa Provincial de la Energía se vacunó en ese lugar. Nos fuimos sin saber qué funcionario o funcionaria autorizó a que se inoculen de manera irregular personas vinculadas al poder”.
Estas declaraciones generaron malestar entre el oficialismo. Leandro Bussato, diputado de Frente de Todos, salió a apoyar públicamente al ministro de Gobierno: “Las respuestas políticas de Sukerman despejaron todas las dudas", expresó sin vueltas hoy en la radio rosarina LT8.
Un poco más duro fue Marcos Corach, ministro de Gestión Pública de la provincia, que se manifestó en su cuenta de Twitter y apuntó directamente contra la oposición:
Plan para bajar los índices de violencia
Hoy, en el transcurso de la mañana, el ministro de Seguridad santafesino Jorge Lagna, el intendente de Rosario Pablo Javkin y el fiscal general Jorge Baclini, se reunieron y brindaron en conjunto una conferencia de prensa en la sede de gobierno provincial para presentar un plan integral que tiene como objetivo bajar los índices de violencia en la ciudad.
Los tres comentaron que será “una tarea en etapas”, y dialogaron además del desafío de rastrear a dónde va el dinero del narcótrafico y de desactivar el mercado de las armas ilegales.
“Esta es una tarea en etapas, que apunta a la tranquilidad de los barrios y a un desarrollo urbano. Este es el diagnóstico que estamos pensando en otros sectores de la ciudad que serán intervenidos de esa forma. No vemos otra manera de atacar el delito y bajar los niveles de violencia”, dijo el ministro Lagna.
“Estamos en un proceso de saturación en los barrios con la policía provincial, las áreas de control del municipio e incluso con fuerzas federales. Pero lo más importante es trabajar sobre el desarrollo urbano de los barrios”, agregó el funcionario.
Según Lagna, la violencia en Rosario “es una problemática de larga data, que tiene aristas muy complejas. Ha variado en su conformación, desde grandes bandas que tienen detenidos a sus actores principales actores. La lucha por el control del territorio que antes estaba en manos de grandes de bandas, hoy está en manos de terceras o cuartas líneas que generan un marco de mayor violencia que se da por ese pedazo de tierra para poder vender".
Por su parte, el intendente Javkin expresó: “Tenemos en este trabajo multiagencial una prioridad que son los vecinos que viven en los barrios más afectados por la violencia. Ese trabajo se ve en barrio Municipal, pero debe darse en otros lugares. Es decir, Provincia, MPA y municipio concentrados en cómo cuidar a los vecinos”.
“Es importante que se esclarezca quién hace inversiones (en la ciudad), saber quiénes son las personas que encaran los gerenciamientos de algún lugar o del rubro de la construcción”, destacó el intendente.
Gremios vs. colegios
Hoy, el secretario general de la delegación Rosario del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), Martín Lucero, denunció públicamente que el colegio Los Arroyos de Fisherton (vinculado al Opus Dei) está dictando clases presenciales, pese a las restricciones que hay en la provincia.
“Vivimos una denuncia de parte de un vecino de Fisherton, nos dijo que el colegio Los Arroyos daba clases presenciales. Cuando todos sabemos que está prohibido por las restricciones dispuestas por el gobierno provincial. Es una escuela muy vinculada al Opus Dei, por lo menos los primeros grados tuvieron clases, el hecho es tan tremendo como una fiesta clandestina. No hay ningún tipo de presencialidad permitida”, expresó Lucero.
Y además sostuvo: “Entendemos que el ministerio de Educación tiene que hacer una investigación sobre esto, y si tiene conocimiento acerca de este hecho, deben hacer la denuncia penal. No es la conducta que existe en el resto de los establecimientos educativos. Si nadie va a cumplir la normativa que sale de las autoridades, estamos ante un grave problema. Es un acto de irresponsabilidad por parte de las autoridades de la escuela”.
“Nosotros como gremio no hicimos movilizaciones durante la pandemia, además creo que desde las autoridades del colegio incumplen las normas, y eso no es un ejemplo para dar a los alumnos”, concluyó Lucero.
