Esta denuncia provocó un sacudón en las instituciones y la política santafesina. Tanto, que el día siguiente a la denuncia (jueves 10/6), el vicepresidente de la EPE (Empresa Provincial de Energía), Alberto Joaquín, renunció a su cargo, luego de admitir que se vacunó en el mes de febrero. Él mismo explicó que en enero había tenido una "recaída en mi condición de hipertenso", por lo que solicitó ser inoculado "para poder continuar cumpliendo con las exigencias que el cargo demanda".
"Esto (la vacunación) se realizó en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria los días 2 de Febrero y 11 de Marzo. Facilité mi documento y pedí que mi acto fuera agendado como corresponde y se me entregara el carnet correspondiente", admitió Joaquín en un comunicado que difundió.
La polémica escaló y un grupo de legisladores, -impulsados por la oposición socialista- citaron al ministro de Gobierno, Roberto Sukerman, para que se presente esta mañana en la Cámara de Diputados a dar explicaciones sobre la campaña de inoculación que viene realizando la provincia.
Sukerman se presentó en la Legislatura minutos antes de las 10 de la mañana -donde aún continúa siendo interrogado-, y antes de entrar al recinto habló con la prensa local. El funcionario expresó que “en la provincia ha habido casos de vacunado fuera orden pero no hay ni habrá vacunatorios VIP".
El ministro habló de casos aislados e inventos, como “el de la difamación al gobernador, Omar Perotti, que lo llevó a él mismo hacer una denuncia penal y tener que someterse a análisis bioquímicos para demostrar la mentira de que él y su familia se habían vacunado salteándose el turno correspondiente”.
"¿Por qué me citan a mi y no a Martorano? Porque con una idea equivocada, dijeron los diputados que propusieron la interpelación que yo era el ministro político y que esto ameritaba una respuesta política. Todos los ministros somos políticos, y podemos dar respuestas políticas. Sin embargo, no buscamos ninguna excusa y estamos acá. La ministra estaba dispuesta a venir; pero hay una estrategia de determinados sectores de la oposición de señalar que habría una voluntad o estructura política que facilita esto, y eso es absolutamente falso; es mentira porque no hay ninguna estructura política avalada por el gobernador ni por los ministros para que esto suceda. Queda claro que puede haber sido cualquier personal que haya facilitado esta situación sin tener responsabilidad política. Y eso es justamente lo que vamos a averiguar con las investigaciones que e están llevando adelante", concluyó Sukerman.
La interrogación del ministro de Gobierno por parte de los legisladores está amparada en la Constitución de Santa Fe. En ese sentido, estipula que “las Cámaras tienen el derecho de requerir la asistencia a sus sesiones de los ministros para suministrar informes o explicaciones sobre puntos que previamente se les fije”. Además, “los ministros pueden excusar su asistencia en el primer caso y dar por escrito los informes solicitados, no así en el segundo caso, en que deben concurrir al seno de las Cámaras”, agrega la Carta Magna provincial.
Según trascendió, los legisladores le hicieron llegar a Sukerman el viernes por la tarde un cuestionario compuesto por 26 preguntas concretas y dos pedidos de informes. Entre los interrogantes hay preguntas como: ¿Cuántas denuncias recibieron desde diciembre del año pasado sobre irregularidades en la vacunación y qué medidas tomaron al respecto? y ¿tienen implementado algún sistema de alerta a través de algún dispositivo tecnológico o medio digital para denunciar las irregularidades en el sistema de vacunación?
El ministro deberá responder todas los interrogantes que le planteen en la Cámara de Diputados y presentar los informes correspondientes, para así demostrar que el Gobierno no estuvo involucrado en ningún vacunatorio "VIP".
