La demanda
Dorado entabló una demanda contra el Estado Nacional-Ministerio del Interior.
El juez de 1ra. instancia condenó al Estado Nacional a indemnizarlo por incapacidad sobreviniente, daño moral, tratamiento psicológico y lucro cesante.
La Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal modificó y elevó las cifras, y dispuso la aplicación de la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central de la República Argentina.
El fallo sostuvo que la Cámara Federal de Casación Penal tuvo por probado las lesiones que sufrió Dorado en el marco del operativo policial que pretendió evitar la concentración de manifestantes en inmediaciones del centro de la ciudad.
El tribunal penal dio por probado que el operativo policial llevado el 20/12/2001 se planificó y ejecutó en forma descoordinada y deficiente, en sus distintos niveles de escalafón.
Contra esa decisión, el Estado Nacional llegó en queja a la Corte Suprema, diciendo que la resolución era arbitraria, y que no se había probado que personal policial hubiera sido el responsable de las heridas sufridas por Dorado.
También sostuvo que todo ocurrió cuando regía el estado de sitio y que la policía debió actuar con el objetivo de restablecer el orden público. También afirmó que el actor habría estado participando activamente de los disturbios.
Los jueces de la Corte Suprema (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti) rechazaron el recurso, bajo la aplicación del artículo 280, y dejaron firme la resolución que disponía la reparación económica.
Cabe recordar que en septiembre 2024, la Corte Suprema -quien tiene una visión de aquellos sucesos de diciembre 2001 que no coincide con la hipótesis del golpe institucional-, dejó firme las condenas dictadas en juicio oral contra los "responsables políticos" de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001:
- la sentencia para el ex secretario de Seguridad, Enrique Mathov a 4 años y 3 meses de prisión efectiva; y
- del ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, a 3 años y 6 meses por homicidio culposo de 3 personas.
La decisión implicó que el Tribunal Oral Federal 6 ordenara sus inmediatas detenciones. Santos falleció en enero pasado a los 78 años.
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