Laurent Grinwald, de 72 años, representa la posición contraria. Después de décadas de trabajo en el servicio postal, se jubiló y rechaza cualquier reducción de sus ingresos previsionales, sobre todo en un contexto de alquileres más caros y aumento del costo de vida.
"Hemos estado trabajando todo este tiempo y ahora, de repente, la postura es: bueno, ¿vamos a empezar a quitar un poco más?", planteó.
Para Jorge Galindo, director del centro de estudios español EsadeEcPol, la discusión responde a un «choque generacional» que atraviesa a buena parte del continente.
El envejecimiento y el gasto público
El problema tiene una dimensión demográfica y otra económica. A medida que aumenta la expectativa de vida, los Estados deben financiar durante más tiempo las prestaciones de una población jubilada creciente. Al mismo tiempo, necesitan sostener los servicios públicos y las políticas destinadas a las generaciones que todavía trabajan.
Las pensiones representan alrededor del 40% del gasto en protección social de la Unión Europea. Su peso presupuestario limita el margen disponible para otras partidas, en especial cuando los gobiernos también deben afrontar mayores gastos de defensa, intereses de la deuda y demandas sociales.
La presión estadounidense para aumentar el gasto militar y la guerra de Rusia contra Ucrania elevaron las exigencias de inversión en defensa. A eso se suman las tasas de interés, que encarecen el financiamiento de los Estados.
El resultado es una competencia por recursos públicos cada vez más escasos
La percepción de desigualdad también aparece en los estudios de opinión. Según una encuesta reciente de la Unión Europea citada por The New York Times, solo el 38% de las personas de entre 15 y 30 años considera que los responsables políticos tienen en cuenta las consecuencias de largo plazo de sus decisiones. Apenas un tercio cree que los jóvenes actuales tienen las mismas oportunidades de éxito que quienes tenían su edad hace tres décadas.
Francia y el costo político del envejecimiento
Francia constituye uno de los ejemplos más claros de las dificultades para modificar el sistema previsional.
En 2023, el presidente Emmanuel Macron impulsó una reforma para elevar la edad de jubilación de 62 a 64 años. La iniciativa provocó una fuerte reacción social, con movilizaciones multitudinarias y enfrentamientos que pusieron al Gobierno bajo presión.
La resistencia política y sindical mostró hasta qué punto las jubilaciones constituyen una cuestión sensible para la sociedad francesa. El intento de modificar las condiciones de retiro también dejó expuesta otra dificultad: cómo financiar la educación y otros servicios públicos cuando el presupuesto está condicionado por la deuda y los compromisos previsionales.
En otros países europeos, los gobiernos eligieron alternativas graduales. Dinamarca proyecta elevar la edad jubilatoria a 70 años para 2040. Reino Unido, por su parte, busca reducir el ritmo de aumento de las prestaciones para contener el gasto.
Estas medidas intentan limitar el crecimiento de los costos sin aplicar recortes directos a los ingresos de quienes ya están jubilados.
España: inmigración y presión sobre el sistema previsional
España ofrece otro modelo para enfrentar el desafío demográfico. En 2011, el país decidió elevar la edad de jubilación a 67 años en la mayoría de los casos. Posteriormente, el Gobierno de orientación progresista vinculó la actualización de las pensiones con la inflación, una decisión que protegió el poder adquisitivo de los jubilados, pero incrementó la presión sobre las cuentas públicas.
Una de las herramientas para ampliar los ingresos del sistema fue incorporar más trabajadores al mercado laboral mediante la inmigración.
Desde 2018, más de 1,7 millones de extranjeros se incorporaron a la fuerza laboral española. Sus aportes e impuestos contribuyen a financiar las prestaciones sociales y previsionales.
Sin embargo, la estrategia no elimina el problema de fondo: esos trabajadores también envejecerán y, con el tiempo, pasarán a integrar la población jubilada.
Las proyecciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) indican que España destinará el 17,3% de su Producto Interno Bruto (PIB) a las pensiones en 2050. Esto representa unos cuatro puntos porcentuales más que en la actualidad.
En términos económicos, el incremento equivaldría a unos 67.000 millones de dólares adicionales por año, calculados a valores actuales. Como referencia, el gasto español en educación ronda los 79.000 millones de dólares.
¿Quiénes deben pagar el costo?
La discusión no se limita a cuánto reciben los jubilados. También enfrenta distintas propuestas sobre cómo distribuir el esfuerzo fiscal.
Los sectores de izquierda que participan de las protestas sostienen que las prestaciones sociales podrían financiarse mediante mayores impuestos a las grandes empresas y a las personas de mayores ingresos. Desde posiciones de derecha, otros sectores plantean reducir la inmigración y responsabilizan a los trabajadores extranjeros por la presión sobre los servicios y las ayudas estatales.
Una tercera posición propone revisar las jubilaciones más elevadas, en particular las que reciben personas mayores con patrimonios e ingresos superiores.
Alejandro Rojano, un empleado bancario español de 28 años, expresó esa desigualdad al comparar su salario mensual, inferior a los 2.000 euros, con los ingresos previsionales de sus abuelos, que superaban esa cifra.
"Los jóvenes cada vez tenemos menos", afirmó. También cuestionó que los partidos políticos eviten discutir una eventual reducción de las prestaciones por el peso electoral de los jubilados.
El director del centro de investigación en economía y políticas públicas de la escuela de negocios, Jorge Galindo, considera que los jóvenes podrían necesitar una representación política propia, concentrada en las demandas de su generación.
Sin embargo, existe un obstáculo: los menores de edad y los jóvenes adultos representan un grupo demográfico cada vez más reducido, mientras crece la población mayor, con mayor participación en sindicatos y organizaciones políticas.
Además, quienes hoy reclaman mejores oportunidades también esperan recibir una jubilación en el futuro.
La contradicción aparece en el testimonio de Daniel Ramo, un docente madrileño de 46 años que participó de una huelga por los bajos salarios y las aulas sobrecargadas. Aunque reclamaba mayores recursos para la educación, reconoció que espera acceder a una pensión generosa y que recibe ayuda económica de sus padres jubilados.
Desde la perspectiva de los adultos mayores, las prestaciones no constituyen un privilegio, sino el resultado de décadas de trabajo y una herramienta de protección familiar.
Encarna Matilla, de 72 años, lo resumió durante un paseo por el parque del Retiro, en Madrid. Su marido, de 88 años, recibe una jubilación de 2.700 euros mensuales y ayuda económicamente a sus bisnietos.
"Somos la red de seguridad", afirmó.
La discusión que atraviesa Europa, por lo tanto, no enfrenta solamente a jóvenes y jubilados. Expone un problema estructural: cómo sostener el Estado de bienestar en sociedades cada vez más envejecidas, sin trasladar todo el costo a quienes todavía deben construir su futuro.
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