La Convención Constituyente, de ser convocada tendrá un plazo de 30 días para trabajar.
# Neuquén
Las internas del Movimiento Popular Neuquino se harán a fines de diciembre o mediados de enero; se elegirán los candidatos a gobernador y vice, diputados nacionales y provinciales, intendentes -en las jurisdicciones que no tengan Carta Orgánica- y concejales.
La fecha se definirá hoy, según adelantó el gobernador Jorge Sobisch. Ratificó que las elecciones provinciales se realizarán junto a las nacionales, el 27 de abril, y que en esa oportunidad se convocará a un plebiscito no vinculante para que los votantes se expresen sobre el proyecto de emienda de la Constitución, que envió a la Legislatura semanas atrás y que contempla, entre otros puntos, la reducción de los cuerpos parlamentarios.
La modificación de la Carta Magna provincial, para reducir de 35 a 19 el número de legisladores y hasta un máximo de 9 concejales en los municipios de primera categoría, provocó un fuerte rechazo de sectores políticos de la oposición.
Los anuncios los hizo ayer Sobisch tras su viaje a Buenos Aires, donde avaló el nuevo cronograma electoral que propuso el presidente Eduardo Duhalde y desarrolló una nutrida agenda que comprendió entrevistas con funcionarios de la Justicia, del gobierno nacional, de la Fuerza Aérea y empresarios.
# En San Luis
La gobernadora puntana Alicia Lemme atacó al Gobierno nacional por la dilatación del cronograma electoral, ya que "no es serio para la Argentina ni para el mundo que un país no tenga fecha cierta de elecciones o las esté cambiando a cada momento". En ese sentido, reiteró que "la Nación está teniendo un manejo extorsivo con las provincias, esa es la razón por la que todos, de alguna manera, silenciosamente acatan estos temas".
Lemme integró la lista de quienes no firmaron el acuerdo, junto con los menemistas Angel Maza (La Rioja), Juan Carlos Romero (Salta) y Rubén Marín (La Pampa), aunque éste último finalmente rubricó el pacto con el Estado nacional.
"En todos los temas hubo planteos de mi parte, en función de que la Nación no tiene un plan concreto para nuestro país, en relación con las provincias y los recursos que debe enviar por coparticipación y que hasta hace un tiempo ran automáticos", recordó la mandataria en declaraciones a medios puntanos.
Subrayó que "la Nación ha dejado parte de esos fondos fuera de la automaticidad y de esa manera puede usarlos de manera extorsiva con los gobernadores" y que, en consecuencia, ese punto lo denunció "en esa reunión".
Dispuesta a no correr riesgos en el período electoral, la gobernadora anunció que continuarán implementándose en el verano la copa de leche y los comedores escolares. Acompañada de todos los ministros, dio a conocer las medidas que abarcan además la designación de Rosario Bragagnolo como secretaria de Control de Gestión, organismo se encargará del monitoreo de la implementación de los planes asistenciales para lo cual contará con la colaboración en el control del programa Pañuelos Blancos que depende de la cartera de gobierno.
La gobernadora señaló que es importante conocer con exactitud si los planes sociales como pasantías, copa de leche, fondo solidario y Alimentario, entre otros "cumplen con su objetivo de contener a la población ante la contingencia de aquellas familias que no tiene empleo o tienen subsidios de muy bajos montos".
Lemme dijo que el Ministerio de Salud hará un seguimiento personalizado a los niños y personas con riesgos nutricionales, cuyos casos en San Luis alcanzan el grado 1 (recuperable a corto plazo).
Se estudiará la manera de implementar un sistema de 'visita domiciliaria' para corroborar que reciban las vitaminas de hierro y otros minerales, como así también la leche y los alimentos que necesitan como módulos de refuerzo para casos particulares . Se pretende que el mencionado sistema se extienda a todas las localidades de la Provincia, "creemos que el control social y el diálogo con la gente, nos ayudará a llegar a todos con equidad" subrayó la mandataria.
A su vez las cámaras legislativas sancionaron por unanimidad la Ley que declara la emergencia para la compra de productos alimentarios. De esa forma se autorizó al gobierno a la compra directa, a fin de sortear las dificultades que surgen de la inestabilidad de los precios que ponen en peligro la provisión de los alimentos básicos a los sectores más castigados por la crisis nacional.