Los trabajadores reclaman al Ministerio de Fomento que garantice los puestos de trabajo y su condición de empleados públicos. La gestión privada afectará a señaleros, bomberos aeroportuarios, técnicos de operación y programaciones, personal de atención al pasajero, técnicos de mantenimiento, trabajadores del Centro de Gestión Aeroportuaria y personal médico, entre otros.
El personal de AENA alega que Barajas no es deficitario y explica que la privatización perjudicará también a los viajeros ya que las empresas primarán el beneficio por encima de la calidad y seguridad del servicio. En este sentido han asegurado que las tasas de los aeropuertos subirán en un 25% y el presupuesto en seguridad bajará en un 40%.
Los sindicatos han acusado al Gobierno de España de mentir. "Al principio dijo que la privatización sería del 30%, luego ha subido hasta el 49% y ahora han vendido completamente los aeropuertos de mayor tráfico que son Madrid-Barajas y El Prat (Barcelona)". Raúl Gómez, representante sindical de UGT, ha vaticinado también que "después van Palma de Mallorca y Málaga".
"Esto es un calentamiento para la jornada de huelga", ha dicho el portavoz del comité de empresa de AENA, Manuel Caro, que ha recomendado a los pasajeros que tengan un billete de avión para volar durante la Semana Santa "que lo cambien".
La Unión General de Trabajadores (UGT) ha anunciado que los sindicatos tienen previsto registrar formalmente la convocatoria de huelga el día 8 de marzo.
Por su parte, AENA no cree se materialice la huelga y estima que la huelga anunciada hoy por los sindicatos para el próximo 21 de abril no llegará a materializarse, aseguraron a Efe fuentes del ente.
"Estamos empeñados en alcanzar un acuerdo", recalcaron las citadas fuentes.
El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, también se ha pronunciado sobre el conflicto. Rubalcaba ha expresado su deseo de que se llegue a una solución "por la vía del diálogo" y ha confirmado que el ministro de Fomento, José Blanco, "está dispuesto a dialogar".
A fines del año pasado, y también en rechazo a la privatización planteada por el Gobierno de José Luis rodriguez Zapatero, los controladores nucleados en AENA paralizaron el tráfico aéreo durante 2 días, lo que morivó el dictado del estado de alerta y militarización de los aeropuertos españoles y varios sumarios administrativos y denuncias penales a los controladores por el delito de sedición.
La Agrupación de Demandantes Afectados por el Cierre del Espacio Aéreo, que integra a pasajeros que no pudieron volar por la huelga de controladores durante el pasado puente de la Constitución, pidió que se garanticen los servicios mínimos y que no se utilice a los viajeros "como rehenes en las negociaciones".
