El ascenso de estos fenómenos nos interpela sobre la propia calidad democrática. La literatura describe estas “nuevas realidades” como recesión democrática y hace hincapié en lo que se denominan “democracias iliberales”. Lo cierto es que democracia y liberalismo abordan dos cuestiones diferentes: la democracia es una respuesta a la pregunta de quién gobierna. Requiere que el pueblo sea soberano. Si no gobiernan directamente, al menos deben poder elegir a sus representantes en elecciones libres y justas.
Por el contrario, el liberalismo no prescribe cómo se eligen los gobernantes, sino cuáles son los límites de su poder una vez que están en el poder. Estos límites, que en última instancia están diseñados para proteger los derechos del individuo, exigen el estado de derecho y generalmente se establecen en una constitución escrita e implica que a ella se atienen gobernantes y gobernados.
Los sucesivos cambios en la letra constitucional (las reglas de juego) de varios gobernantes latinoamericanos en estos años es muestra de la vulnerabilidad del Estado de Derecho. La democracia de calidad requiere un verdadero Estado de Derecho democrático: que garantice los derechos políticos, las libertades civiles y los mecanismos de rendición de cuentas y limite los posibles abusos de poder.
Así llegamos a un 2019 más incierto que aquellas predicciones. Más insegura y más violenta, América Latina vuelve a confiar en líderes carismáticos que, como en tantos momentos de nuestra historia, abandonan paulatinamente el camino democrático.