La situación económica desembocó en una serie de protestas pidiendo a Oliver la venta del club y, con ella, poder esquivar la expulsión. Hace pocos días, el Reus anunció un acuerdo de venta de la institución a los inversores estadounidenses Russel C. Platt y Clifton V. Onolfo, que asumían los cinco millones de deuda y que además planeaban construir un nuevo estadio de 18.000 espectadores, reveló el Diario El País de España.
Una operación que el juez de LaLiga no tiene en cuenta, ya que, dice, “el saneamiento (presunto o real, total o parcial, creíble o no) de una entidad después de haber realizado el hecho infractor y haberse beneficiado de él no puede tener efectos enervadores de la sanción”.
Estos hechos probados no han sido negados por el Reus en su escrito de alegaciones a la propuesta de resolución del instructor. Una vez probada la comisión de la infracción, se manifiesta en la resolución la concurrencia de dos circunstancias esenciales a la hora de graduar la sanción: la especial gravedad de los hechos cometidos y la reincidencia.
Adicionalmente, y como medida también prevista legal y estatutariamente, se le impone al club una multa económica de 250.000 euros.