En 1988, se intentó subordinar el poder militar al civil en la Constitución, condicionando la acción de éste al llamado de uno de los tres poderes de la República. Por último, la creación del Ministerio de Defensa, en 1999, con el nombramiento de civiles para la cartera, acentuó el alejamiento de los militares de la política.
El alejamiento de los militares de la política fue un proceso iniciado en el gobierno de Castelo Branco (1964-1967). Él hizo reformas en las carreras castrenses que aumentaron la profesionalización de las Fuerzas. La dictadura, como un régimen de crisis, luchó con uno de los principales conflictos institucionales de la República: la autonomía relativa del Poder Militar en relación al Poder civil. De 1889 a 1985, la subordinación del primero al segundo fue cuestionada por incontables manifestaciones y decenas de revueltas, golpes y contragolpes militares.
"Esta es una línea común a todo ese período republicano", explicó el historiador Sérgio Murilo Pinto, autor del libro Ejército y Política en Brasil. Las reformas de Castelo y el fin de la guerra fría contribuyeron a que, tras la redemocratización, en 1985, por primera vez en la República, el país viviera un período de más de 30 años sin movimientos militares.
Pero la relación de la población brasileña con la dictadura militar es crucial para entender la tolerancia al regreso de los militares. En Argentina no puede pensarse en un regreso de los uniformados al Gobierno porque el proceso fue diferente que en el vecino país. El diario El País de España rescata una frase de Bolsonaro que resume la diferencia entre el ejército argentino y el brasileño durante las dictaduras. "El error de la dictadura (en Brasil) fue torturar y no matar". Esa aseveración sintetiza la creencia bastante asentada en el imaginario popular carioca: que la dictadura brasileña no fue tan sangrienta como en Chile o en Argentina, que el régimen que hubo en el país entre 1964 y 1985 fue una 'dictablanda'.
Ivo Herzog, hijo del periodista Vladimir Herzog, torturado hasta la muerte por la Dictadura de Brasil, admite: "Brasil no rompió con su pasado. Derribamos la dictadura, pero al contrario de otros países, que investigaron y colocaron en la cárcel a los responsables de las atrocidades cometidas, aquí hay mucho desconocimiento. Estoy de acuerdo con que tenemos que pasar página, pero primero tenemos que escribir esa página. Está prácticamente en blanco. No sabemos lo que pasó aquí".
Hace pocos años salieron a la luz documentos de la CIA que comprobaron que las ejecuciones sumarias no eran prácticas aisladas de los bajos fondos de la dictadura. El presidente Ernesto Geisel (uno de los cinco que se turnaron en el poder) autorizó explícitamente la continuidad de la política de exterminio de "elementos subversivos peligrosos".
En 2012, la expresidenta Dilma Rousseff impulsó una Comisión Nacional de la Verdad (similar a la Argentina), que identificó al menos 434 muertes por motivos políticos y miles de desaparecidos. Muy lejos de los 30.000 que denuncian organizaciones de DDHH en Argentina y cuya cifra se ha instalado como un símbolo de la represión o los 5.000 en Chile.
Pero la comisión de Dilma fue un fracaso: sólo consiguieron dar con el paradero de cuatro personas. Y para peor, no logró demostrar la ferocidad de la Dictadura como en Argentina sí se constató durante los juicios públicos que promovió Raúl Alfonsín, cuya figura es recordada por estos días al cumplirse 35 años del retorno de la democracia y, también, el fin de la dictadura y los militares en el Poder.
