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Correogate: Por decreto, Michetti cerró la investigación administrativa

Mediante un decreto publicado este martes (16/10) en el Boletín Oficial, y luego de que Mauricio Macri se excusara por "conflicto de intereses", la vicepresidenta Gabriela Michetti dio por cerrada de manera definitiva la causa administrativa en la que se investigó si hubo irregularidades en la aceptación, por parte del Gobierno, de una oferta del Correo Argentino, empresa de la familia Macri, para pagar una deuda que tiene desde 2001 y que fue denunciada ante la Justicia. Aún hay dos causas abiertas en la Justicia.
16 de octubre de 2018 - 12:37

A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, dio por cerrada de manera definitiva la causa administrativa en la que se investigó si hubo irregularidades en la aceptación, por parte del Gobierno, de una oferta del Correo Argentino, empresa de la familia de Mauricio Macri, para pagar una deuda que tiene desde 2001 y que fue denunciada ante la Justicia.

Michetti rechazó una apelación que presentó el titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, para que el caso se siga investigando porque no se habían instrumentado todas las medidas de prueba que había solicitado. La Vicepresidente -que resolvió el caso porque Macri se excusó- dictó el decreto 907 en el que rechazó la apelación y señaló que así "queda agotada la vía administrativa".

Cabe destacar que por el caso del Correo Argentino hay tres causas abiertas: dos en el plano judicial y una -la que fue cerrada este martes (16/10)- en el administrativo.  De las dos que continúan en trámite, una se encuentra en el fuero Comercial, desde 2001, y se discute la deuda de la empresa. La otra es penal, se inició en 2016, y están imputados el presidente Mauricio Macri, y el ex ministro de Comunicaciones y actual de Defensa, Oscar Aguad, por la aceptación de la controvertida oferta de pago.

El Correo Argentino es una empresa de la familia Macri que en 2001 dejó de pagarle al Estado el canon y en 2003 fue estatizada por el entonces presidente Néstor Kirchner. Pertenece a Socma, cuyas acciones el Presidente cedió en 2009 a sus hijos. Desde 2003 hay una causa comercial por la deuda, y a mediados de 2016 la compañía hizo una propuesta: pagar $296 millones en 15 cuotas anuales (que vencían en el 2033) con un interés del 7% anual.

El gobierno de Macri, a través del ministerio de Comunicaciones la aceptó. Pero la fiscal de la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, pidió rechazar el acuerdo por "abusivo y perjudicial" para el Estado ya que implicaba una quita del 98,2 de la deuda debido a que no se actualizaban los intereses, lo que en pesos eran 4.227 millones. Luego, frente a la polémica que se generó, el gobierno retiró la propuesta.

El Frente para la Victoria hizo una denuncia penal que quedó bajo la órbita del fuez federal Ariel Lijo. Están imputados y bajo investigación Macri, Aguad, el director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Carlos Mocoroa, directivos del Correo, síndicos del concurso y la jueza comercial Marta Cirulli.

Pero paralelamente, el titular de la PIA hizo una presentación ante la Procuración del Tesoro para que se investigue si internamente hubo irregularidades. A través de un sumario, el procurador Bernardo Saravia Frías las descartó. Pero el fiscal Rodríguez apeló. El trámite es interno por lo que la ley dice que debe resolver el Presidente. Pero Macri se abstuvo por su vinculación con el caso y la resolución quedó a cargo de Michetti.

El titular de la PIA dijo que en el caso no se hicieron todas las medidas de prueba que él había pedido para hacer una investigación integral de los hechos.

"Surge de la investigación sumarial que el accionar de los funcionarios públicos intervinientes fue el que les imponía la estructura organizativa de esa Cartera, por lo que los mismos estaban cumpliendo la función que les correspondía en razón del puesto y la representación que ostentaban", señaló Michetti.

Y agregó que "los letrados actuantes en representación del estado nacional, en la audiencia del 28 de junio de 2016, lo hicieron conforme a expresas instrucciones del entonces Ministro de Comunicaciones, por lo que sus conductas no generaron responsabilidad administrativa que les sea reprochable".


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