Se sumó una nueva denuncia alrededor de la campaña bonaerense, pero a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires (María Eugenia Vidal), a el intendente de Vicente López (Jorge Macri) y al de Lanús (Néstor Grindetti). La senadora provincial Teresa García (FPV) es la responsable. Los motivos son "usurpación de identidad, falsificación de documento, violación de secretos de la privacidad y lavado de activos". La legisladora pidió que se determine si el Estado utilizó bases de datos de ANSES y del Ministerio de Desarrollo Social para incluir a las personas como aportantes y afiliados.
Di Lello pidió datos a Gendarmería, Renaper y ANSES, para llevar adelante la investigación. El objetivo era conocer las condiciones socio económicas de los supuestos aportantes, para determinar las posibilidades de haber aportado a Cambiemos.
La Cámara Nacional Electoral confirmó que, de una muestra de 100 nombres tomada al azar, el 99% también figuran como afiliados al PRO. Cambiemos “utilizó el nombre de beneficiarios sociales para blanquear dinero en la campaña", según el informe, que habla de al menos 205 personas involucradas.
Es decir que estas, que son beneficiarias de planes como "Ellas Hacen” o “Argentina Trabaja” y viven en la zona sur y oeste del conurbano bonaerense, fueron afiliadas al partido y sus identidades fueron utilizadas para justificar el financiamiento de la campaña.
La denuncia original, presentada por La Alameda, se dirigió a los legisladores que se presentaron a la elección: Gladys González, Esteban Bullrich, Graciela Ocaña, y Héctor “Toty” Flores. El fiscal Storelli también inclyó a Carla Chabán y Alfredo Irigoin, desde la tesorería y la organización financiera de la campaña.
