El protocolo también establece que en la toma de un colegio su principal autoridad deberá dar intervención al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al SAME y citar de manera inmediata (por teléfono u otras vías de contacto habituales) a los padres o tutores de los alumnos para que los retiren del establecimiento.
Además se exige que las autoridades labren un acta en la que se deje constancia de la imposibilidad de ejercer la conducción de la escuela y luego la eleven a la máxima autoridad de la cartera.
Por otra parte, la jueza Molica Lourido dispuso convocar a Acuña a una audiencia de conciliación para el 03/05 a las 12, en otro amparo iniciado por los mismos asesores tutelares y defensor oficial, en donde cuestionan la reforma educativa.
Además, deben presentarse los funcionarios que ella designe a tal efecto, quienes deberán contar con facultades suficientes para tomar decisiones sobre el objeto de la demanda, por la cual se requiere información pública sobre la reforma educativa y la implementación de un mecanismo de participación para alumnos, padres, y docentes.
El Ministerio de Educación solamente pudo implementar durante 2018 una prueba piloto de la reforma en 19 escuelas secundarias estatales y diez escuelas secundarias privadas, y únicamente en el primer año del nivel secundario.
Las decisiones judiciales contra las tomas de los colegios ocurren al tiempo que crece el malestar por la creación de UniCABA, la primera universidad para docentes de la ciudad de Buenos Aires que impulsa el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Esto, según sus detractores, derivará en el cierre de los 29 institutos de formación docente porteños. Esta semana se volvieron a generar cuestionamientos en la comisión de Educación de la Legislatura, aunque la postura del Gobierno es por el momento inamovible.
