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Intervienen OCA y ponen a cargo a un exfuncionario del Gobierno

La jueza Liliana Heiland dispuso hacer lugar a la medida cautelar de no innovar "tendiente a mantener el "statu quo" en las sociedades involucradas en el marco de una causa por una deuda multimillonaria que la firma mantiene con la AFIP. El interventor será un exfuncionario de Hacienda de cuando Prat-Gay era ministro.
28 de marzo de 2018 - 15:15

La justicia dictó este miércoles la intervención de la empresa postal OCA en el marco de una causa por una deuda multimillonaria que la firma mantiene con la AFIP. Se trata además de una empresa muy asociada a Hugo Moyano y al sindicato de Camioneros.

La decisión sobre la empresa que en los hechos pertenece a Patricio Farcuh fue adoptada por la jueza Liliana Heiland, quien designó como interventor  "Veedor/Informante" al abogado Marcelo Eugenio Griffi, quien se desempeñó como secretario Legal y Administrativo del ministerio de Hacienda y Finanzas que condujo Alfonso Prat-Gay en la administración Macri.

En el fallo, la jueza dispuso hacer lugar a la medida cautelar de no innovar "tendiente a mantener el statu quo" en las sociedades involucradas. En ese marco, ordenó una serie de medidas, entre otras, que OCA SRL, OCA Logística SA y OCA Postal SA "se abstengan de efectivizar la escisión de las unidades de negocios y que, en caso de haberlo hecho, se retrotraigan".

También solicitó al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que se abstenga de registrar a OCA Postal SA y OCA Logística SA para prestar servicios bajo su regulación. Por otra parte, ordenó el embargo preventivo de las cuentas bancarias de OCA.

De acuerdo al fallo de la Dra. Heiland,  Griffi -entre otras funciones- deberá efectuar un "seguimiento interno y en tiempo real" de la gestión de la empresa e "impedir cualquier maniobra, abuso o desviación" de sus fondos. 

La AFIP le reclama a OCA unos $3.400 millones de deuda, de los cuales $2.500 millones entraron en el concurso de acreedores. La empresa, que hoy emplea a unos 7.000 afiliados del gremio de Camioneros, corría el riesgo de no poder continuar ofreciendo servicios postales por esta deuda. Sin embargo, a principios de marzo, el Enacom volvió a prorrogar por otros 30 días el plazo otorgado para la cancelación de las obligaciones impositivas, previsionales y sociales de la compañía.

El ente informó que la empresa deberá acreditar -dentro de los próximos 30 días- la aplicación de la totalidad de los fondos provenientes del levantamiento de embargos judiciales existentes a la cancelación de sus deudas fiscales. 

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