Pero aún así subsisten interrogantes no resueltos y encima que se complicaron a esta altura, entre los principales:
- la sanción de la ley de Mercado de Capitales (o de Financiamiento Productivo como se la rebautizó para “pymetizarla”), que contiene desgravaciones bochadas por el PJ en el Senado, que agrega incertidumbre al tratamiento impositivo que se dará a los contratos;
- la esperada calificación de riesgo que le habían prometido para junio próximo al presidente Mauricio Macri que sería aplicada en el índice MSCI (Morgan Stanley Capital Internacional) para que el país deje de ser fronterizo al lado de naciones en pie de guerra y pase a ser considerado emergente, como los vecinos fuertes de la región. Además de representar un ascenso de status frente a la comunidad financiera internacional, en la práctica repercute en una baja de la tasa para la colocación de deuda en los mercados.
“No tan rápido”, blanqueó un analista del banco de inversión a Bloomberg que campea en el ánimo europeo en torno de una inminente elevación de la nota a emergente.
El Viejo Continente tiene una digestión mucho más lenta que la norteamericana del default de la deuda declarado en 2002, del trato desaprensivo y discriminatorio que le dispensó el kirchnerismo a los bonistas al meterlos en la misma bolsa que a los 'fondos buitres', y ahora de la preferencia que tuvo con éstos últimos la administración macrista, de nuevo en detrimento de los acreedores individuales, a quienes inclusive se les incumplen sentencias y hasta los compulsivos acuerdos extrajudiciales sentenciados en Nueva York.
La calificación de emergente oxigenaría asimismo el movimiento cotidiano del mercado porque del ingreso de divisas por esa vía depende el sostenimiento de las reservas para vender los dólares necesarios para estabilizar la paridad en los picos de demanda.
Hay que tener en cuenta que en enero de 2018 el Tesoro realizó colocaciones netas de títulos por US$ 8.925 millones (bonos internacionales por US$ 9.000 millones por 5, 10 y 30 años pagando hasta 7% de tasa, de LETES en dólares por US$ 1.287 y otros títulos de deuda por US$ 450 millones).
Y que en el acumulado anual desde diciembre de 2015 el gobierno lleva emitido un total de US$ 87.291 millones de nueva deuda (adicional a la colocada para repagar deudas), gracias a lo que las reservas superaron los US$61.000 millones a pesar de solventar el déficit trillizo y cubrir la orfandad inversora.
Aprehensiones europeas
El jefe de Estado argentino está al tanto de la falta de consenso que persiste en la Unión Europea, a diferencia de Nueva York, para la reclasificación del riesgo, de la que dependen inversiones financieras por alrededor de US$ 5.500 millones que se cuentan para reforzar la estrategia de reponer reservas y aguantarle los trapos al volatilizado mercado doméstico. Y ello lo lleva a acelerar y mediatizar las gestiones ante la Unión Europea para urgir la firma del tratado de libre comercio con el Mercosur.
Para el cálculo del costo financiero de las obras que hacen los consorcios constituidos entre grupos extranjeros y nacionales interesados en el PPP, cualquier diferencia en la tasa que rija para la Argentina incide en los números a cerrar, y por eso cobra especial significación la eventual mejora en el ranking del MSCI, que ubicaría al país en la mitad de las tres categorías: mercados desarrollados, emergentes o de frontera.
Sobre todo cuando la inflación no da blanco fijo a la estructura de los costos y añade un riesgo adicional a la rentabilidad que se calcule en los proyectos, que son en pesos, contra la financiación que es el dólares, lo cual ha hecho incluir un seguro de cambio que por supuesto es oneroso.
Tampoco es un dato menor que el Senado haya devuelto con modificaciones impulsadas por Cristina Fernández de Kirchner el proyecto de Ley de Financiamiento Productivo presentado por Cambiemos en noviembre 2017 y aprobado hace poco en Diputados.
Consta de 219 artículos y entre sus enunciados contempla mejorar las condiciones de acceso al crédito hipotecario posibilitando la recolocación de un seguro sobre esos créditos, a la vez que permite ajustar las reservas hipotecarias por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).
Crea nuevos instrumentos de ahorro como las letras hipotecarias, que ajustarían por CER (simétrico a las UVA), y serían transables en el mercado de capitales, como lo son hoy en día otros tipos de activos financieros.
En cuanto a la “repatriación” de emisiones que sólo suelen hacerse en Wall Street hacia las bolsas argentinas, el proyecto remueve las capacidades que existían para que la Comisión Nacional de Valores (CNV) interviniera en empresas y eliminaba la exención del pago del impuesto a las ganancias a operaciones de compraventa de acciones, ambos puntos rechazados por la bancada del PJ muy a pesar de la buena disposición que podría haber tenido Miguel Pichetto.
Fundamentalmente, en lo que atañe al PPP, exime del impuesto a las Ganancias a inversiones del exterior para equiparar la ventaja de los fondos locales, lo cual atañe directamente a los depósitos de argentinos que luego de entrar en el blanqueo del año pasado permanecieron en la banca internacional, una masa no menor a US$90.000 millones.
El ministro de Finanzas, Luis Caputo, reiteró en Mendoza, ante el Foro Empresarial que sesionó en el marco de la reunión anual del BID Argentina, que “hay muchísima plata en el sector privado que estaría dispuesta a invertir en infraestructura y hoy invierte un porcentaje ínfimo, apenas un 2%”.
En tal sentido, Argentina posee el mercado de capitales menos desarrollado de la región, su capitalización de mercado asciende a sólo el 18% del PBI, cuando en Brasil es del 46% y en Chile del 112%. El volumen de acciones transadas es del 1% del PBI, en Chile es del 14% y en Brasil del 32%.
“Nuestro mercado de capitales es muy pequeño y es necesario desarrollarlo, y para eso se necesita una legislación moderna, eficiente y transparente que brinde nuevas alternativas de inversión a los ahorristas”, defendió el proyecto de ley de financiamiento productivo el senador sanjuanino ex PJ y ahora por Cambiemos, Roberto Basualdo.
Aseguró que se impone eliminar las trabas fundamentales para el desarrollo del mercado de capitales argentino, que (reconoció) no son normativas, o responsabilidad de cierto intervencionismo de la legislación actual, sino “de las traumáticas experiencias históricas de exacciones a los ahorristas que se vivieron en el país, una de las últimas fue la incautación de depósitos con el corralito y sus derivados, entre 2001 y 2002. Pero no fue la única: entre otras, se recuerda también el famoso Plan Bonex, que significó el canje de depósitos bancarios por bonos externos, una de las medidas más polémicas de la primera etapa del gobierno de Carlos Menem, en 1992”, sostuvo.
De la puesta en marcha de los PPP depende que se concrete el aumento de un 50% en la inversión en infraestructura, al poner en marcha “más de 60 proyectos en PPP por unos u$s 30.000 millones”, como manifestó Caputo en Mendoza, pero fundamentalmente en esta condición se finca la expectativa de la administración macrista de dar impulso a la actividad económica en el 2do semestre e ingresar en el año electoral (2019), en el que se juega la reelección, con signos positivos que se noten en la calle.
