Además, remarcó que conforme a lo establecido en el artículo 64 de la Constitución Nacional, “es la Cámara de Diputados quien debe entender los títulos de los legisladores” porque “cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez” y que el título de Enríquez “no tiene validez, tiene un defecto de título, ya que se entregó sin esperar a finalizar el debido proceso y mi defensa en juicio de la arbitraria resolución de primera instancia que ordenó la jueza María Romilda Servini de Cubría, así como también la confirmación de ésta por parte de la Cámara Nacional Electoral”.
“En la actualidad dicha sentencia se encuentra apelada ante la Corte Suprema y no hay sentencia firme que me prohíba ser diputada”, insistió y aclaró: “No estoy procesada de ningún delito, no estoy imputada en ningún delito, no estoy siendo investigada por ningún delito, estoy sobreseída de una demanda penal basada en una denuncia falsa del año 2013 a la cual me expuse a todo tipo de análisis e investigación por parte de la justicia”.
Por último, reiteró que “al momento de la jura de diputados no existe sentencia firme que me impida ser diputada, en consecuencia la inhabilidad moral por la que se me cuestiona sólo se corresponde tratarla en la Cámara de Diputados”.