Me parece muy perverso este razonamiento ya que no analiza razones de cada decisión, sino que las juzga violencia desde su propia arbitrariedad. Olvida el padre Velasco que con ese criterio Escobar Gaviria podría ser considerado un ser bondadoso porque realizaba “obras de caridad” en Medellín.
Personalmente expresé mi desacuerdo con la forma que se gerenció la reciente reforma jubilatoria, pero también debo advertir que lo que precisa ser revisado es el sistema que está quebrado, y no sólo en nuestro país.
El tema previsional es una cuestión, diría, universal y nada fácil de resolver.
En cuanto al tema de la modificación de la tasa al impuesto a las gaseosas azucaradas, habría que analizar el costo social que podría ocasionar ese incremento y luego de ese análisis podríamos hablar más que de violencia institucional de una “mala decisión”.
Pero, otra vez, hay una cuestión de fondo que es el “déficit fiscal” y la “presión fiscal” que exigen una reforma real del sistema impositivo argentino. Los parches, como fueron las recientes reformas, deberían ser transitorios.
El padre Velasco obviamente fue víctima de sus prejuicios. Sus conclusiones son erróneas.
Vayamos a la nota del historiador Luis Alberto Romero en la que analiza los hechos del 14/12 y 18/12 cuando mediante el uso de la violencia, fuerzas políticas intentaron impedir el funcionamiento del Congreso de la nación.
Recurriendo una vez más a Aristóteles reiteramos que siempre habrá gente que se alejará de la sociedad y se refugiará en la anomia social que se produce cuando los poderes del Estado o mejor dicho “las autoridades de la Nación” pierden capacidad para hacer cumplir las leyes que reconocen derechos y reglamentan su ejercicio.
Precisamente la gran falla del régimen republicano democrático restaurado en 1983 ha sido su deficiente funcionamiento institucional, la baja calidad de idoneidad de los funcionarios que se vienen alternando desde entonces en los tres poderes de gobierno y el desprecio por las reglas de la ética y la moral.
Sin embargo, se ha logrado que el Estado y sus gobiernos respeten los sistemas de renovación de cargos electivos y que la sociedad acepte el cumplimiento de esa periodicidad. Es algo.
Tenemos un régimen institucional de baja calidad y, obviamente, nuestras fuerzas policiales, por culpa y responsabilidad de la política no están a la altura de las circunstancias, máxime si las comparamos con las de otros países.
Luis Alberto Romero dice con relación a la violencia ejercida legítimamente por el Estado que: “… la mayoría de la gente, incluso quienes reclaman por el orden, presupone que todo su accionar es represivo e ilegítimo. En este caso, como en muchos otros, el Gobierno queda colocado en situación de elegir entre soluciones malas o peores. Empeñado en la normalización del país, transita por un estrecho desfiladero, aun a riesgo de despeñarse”.
Pienso que hay una confusión entre la violencia como metodología política, la práctica de la represión y eventuales excesos.
La violencia privada debe ser reprimida, es ilegal e ilegitima. La represión debe ser proporcional a los medios utilizados por los “violentos” y los excesos policiales deben ser reprimidos por el propio estado.
Nosotros, como sociedad, sabemos que la violencia causa perjuicios y daños y que cada hecho de violencia puede generar heridos, muertos y daños materiales. En actos de terrorismo ocurridos recientemente en países de Europa, las fuerzas policiales no dudaron en abatir a los presuntos responsables.
La cosa es ubicar a los victimarios y en su caso juzgarlos, pero si, aunque sea por un momento, creemos que la violencia privada se puede justificar, dejemos de lado el cinismo cuando sólo se lamentan las víctimas de un solo bando.
Como conclusión, la alternativa no debe ser, en los casos de violencia, disfrazada de método político, una elección entre “lo malo y lo peor”, tal como describe Romero.
Debe ser una clara diferenciación entre el respeto a la ley y el delito o la subversión.
