Si bien hay piquetes y protestas en todo el país, lo cierto es que la cuestión se plantea con mayor frecuencia en la capital y en el conurbano. Pienso que la clave del tema está dada por el hecho que la pobreza y la indigencia crecieron durante los gobiernos peronistas y se agravó durante el “kirchnerismo/Kristinismo”, ya que su mercado es precisamente el lumpenproletariado.
Es obvio que el “lumpenproletariado” solo logra protagonismo social mediante medios informales de expresión y ellos son la protesta social y el piquete; no hay otras vías de expresión, mas aun tenemos recuerdos de “muros” levantados por gobiernos populistas para esconderlos.
Es obvio que el piquete y la protesta son hechos ilícitos, pero también son hechos políticos que encuentran su fundamento en el estado de necesidad y aunque parezca paradójico es el medio para poder dialogar con un Estado que los ignora.
Laura Di Marco dice: “El salario de los trabajadores informales es un 40 por ciento más bajo del que perciben sus pares, amparados en la formalidad. Datos oficiales del Plan Nacional del Agua revelan que, de los 43 millones de habitantes de la Argentina (2015), casi el 42 por ciento carece de cloacas, un porcentaje que es sensiblemente superior en el conurbano. Las cloacas no son de izquierda ni de derecha”, pero su carencia, diría, es un hecho político, como lo es también la informalidad a la que nos arrastra la presiona fiscal que financia corrupción y gastos inútiles.
El Estado debe encontrar el modo de reprimir estas expresiones ilegales, pero en simultáneo lograr el consenso para eliminar la indigencia y disminuir al máximo posible la pobreza lo que exige una dirigencia política, prudente, madura y culta.
En esta circunstancia no seria aplicable el principio que dice: “Los derechos de los demás determinan las restricciones a nuestras acciones” ya que solo sería aplicable en una realidad en la que todos tienen dignidades y derechos aunque sean mínimos, el lumprenproletariado no los tiene.
Hice esta breve disquisición para llegar al punto en que la “protesta social” es reprimida, pero esa represión nunca se juzga por las reglas procesales de la justicia sino por las reglas de la política y por tanto de visiones político-partidarias que condicionan el proceso y la decisión judicial.
La cuestión es que, como ningún Juez puede saber cómo será el tratamiento político de la represión en cada caso, su tarea consiste en demorar el trámite hasta llegar al punto en que su resolución resulte “políticamente correcta” y a la vez indiferente para unos y otros.
Lo mismo ocurre con los procesos que investigan hechos de corrupción que se prolongan hasta que los imputados pierdan protagonismo o consenso social, por ese emotivo luego las condenas aunque sean justas, dejan un sabor amargo en la sociedad.
Por esa relación existente entre lumpenproletariado y las diversas versiones peronistas y filoperonistas del populismo todo hecho vinculado con el piquete, la protesta social y la corrupción y sus eventuales víctimas serán banalizados por las políticas partidarias y desorientarán a los gobiernos que intentan no ser populistas.
No tengo duda que Patricia Bullrich deberá renunciar, porque alguien deberá pagar los costos para satisfacer a la sociedad que estimo está desorientada, y parece ser la persona indicada.
Creo que lo peor que se podría hacer es la de convocar a una comisión de expertos internacionales para que continúe con la investigación.
