Todos los habitantes de la Argentina tenemos garantizado el derecho de propiedad, pero sólo pueden ejercerlo realmente o acceder a la propiedad las personas que cuentan con los medios necesarios para tal fin.
Este es un ejemplo también práctico del costo que tiene cada derecho.
En materia laboral se han establecido una infinidad de derechos, muchos promovidos por el Dr. Héctor Recalde, diputado nacional por el FPV, pero votados por mayorías legislativas. Lo grave y cierto es que en ningún caso se estudió cómo incidiría el costo de esos derechos que pueden ser o no razonables, no sólo en los precios finales de bienes y servicios, sino también en el acceso a fuentes de trabajo o actividades formales. Esos costos tornan inviables muchas explotaciones comerciales que están obligadas a ingresar al terreo de lo informal, para poder ganarse la vida honestamente, valga el oxímoron.
También son una de las causas de la llamada industria del juicio, la que se da también en otros fueros o la industria del amparo que se ha convertido en una herramienta política. Mas de mafias judiciales, estimo que se trata de abusos sustentados en ciertas ideologías, por cierto muy provechosas para unos pocos.
Debemos reconocer que también incide la presión fiscal que linda con lo insoportable, estos dos costos el laboral y el fiscal, aunque parezca paradójico atentan contra la vigencia y el ejercicio de derechos básicos insatisfechos, como lo son el acceso a servicios de agua, de cloacas, a la salud y a la educación de calidad.
Estos derechos al “Acceso” de ciertos servicios esenciales para la vida, a diferencia otros derechos patrimoniales, deberían estar garantizados por el estado, ya que constituyen un umbral de la dignidad humana.
Otro ejemplo es el previsional en el que unos siete u ocho millones de personas están financiando los beneficios justos en la mayoría de los casos, si excluimos a quienes nunca aportaron o lo hicieron solo parcialmente, del doble de personas.
Por otra parte, el 70% cobra la jubilación mínima que está por debajo del salario mínimo vital.
La pregunta es otra vez la misma, tenemos un costoso sistema previsional, pensado para otra época y cuando las expectativas de vida eran menores a las del presente ¿pero los actuales beneficiarios realmente están gozando de un derecho previsional digno? La respuesta es No.
Hoy estamos embriagados de derechos, pero lo cierto es que tenemos 30% de pobreza y otro tanto de marginalidad y un Estado colapsado y la cantidad de personas que realmente pueden gozar de sus derechos es mínimo.
Lamentablemente la visión populista parece imponerse como ocurrió con el Brexit, con la elección de Donald Trump o con la posibilidad cierta que el separatismo triunfe en Cataluña.
Pero, también es cierto que cuando se llega a situaciones límites, parecería que la gente recobra su sentido común, por lo menos esos serian los ejemplos de Francia, Holanda, Austria y le dan la espalda a los populismos sean de derecha o izquierda.
Otra vez no hay derechos sin que se pueda financiar su costo y salvo el derecho a la vida, todos los demás son relativos sujetos a las leyes que reglamentan su ejercicio.
En realidad, esta cuestión del costo de los derechos nos lleva a otra no menos complicada que es la cuestión de la administración de las desigualdades sociales y de la distribución del ingreso, cuyo análisis lo dejamos para otro momento.
