"Grosso modo, en lo que aquí importa, Raúl Ricardo Jaime, Manuel Vázquez, Ricardo Domingo Testuri e Ignacio Julián Soba Rojo pensaron una estafa y la ejecutaron. Armaron un escenario que permitió generar pagos ilegales desde el Estado Nacional. En este caso, a través de la adquisición de material rodante en mal estado.
Primero se aprovecharon de la necesidad de recomponer los trenes. Luego de la necesidad de crear trabajo mediante la reactivación de los talleres ferroviarios. Con esa excusa compraron materiales en desuso y mal estado. Más tarde buscaron un mercado en el exterior y firmaron los convenios que luego viabilizaron decretos que terminaron con la liberación del dinero. Entre medio de ello, metieron a los “consultores” para justificar el desvío del dinero. Finalmente, para que todo parezca legal hicieron opinar favorablemente a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.
Como conclusión de la historia, se demostró que todo era mentira: no se reactivaron los talleres, los trenes no mejoraron, pero el Estado fue víctima de un saqueo", continúa el documento.
"(...) Los hechos se llevaron a cabo también con la participación de los funcionarios de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, organismo designado para verificar el material ferroviario detallado en los contratos, para lo cual tomaron intervención en los respectivos expedientes administrativos, y confeccionaron los informes que avalaron las compras, pese a las irregularidades que presentaban los convenios –y que ya mencionamos-. Tanto en los convenios firmados con Portugal como con España, se estipulaba que “…el material rodante será vendido al comprador en el estado en que se encuentra, para lo cual ha tomado conocimiento la CNRT por intermedio de la visita in situ de profesionales técnicos.
En particular, Ricardo Domingo Testuri, inspector de la Subgerencia de Concesiones Ferroviarias de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, tuvo como función inspeccionar el material rodante que se iba a adquirir en España y Portugal. Su acción intencionalmente omitida permitió que se realizara la operación delictiva. En particular, como representante de la Secretaría de Transporte, inspeccionó y firmó las actas de entrega y conformidad del material rodante adquirido a España y Portugal (en septiembre de 2005, enero de 2006, julio de 2007 y febrero de 2008), pese al estado paupérrimo en el que se encontraba", recordó.
