(...) "La fiscal se opone al procedimiento con el argumento de que no se actualizaron las cifras; pero las cifras no se pueden actualizar, la ley de quiebras lo impide, razón por la cual no sé cuáles serán los argumentos de la fiscal", señaló Aguad en diálogo con radio Mitre Córdoba. (...)
El ministro radical relató cómo se llegó al acuerdo puesto en cuestión por la fiscal Boquín. Recordó que el origen del conflicto se remonta al 2001, con reclamos del Estado al concesionario por la falta de pago del canon, y del concesionario al Estado, por falta de pago de los servicios prestados. El conflicto derivó en la presentación del Correo en concurso de acreedores. "Cuando asumió Kirchner, le quitó la concesión y el concesionario homologó los créditos que tenía la empresa. Todos los acreedores pudieron homologar sus créditos y el Estado argentino consolidó una deuda de $ 296 millones. Cuando se verifica un crédito en un concurso, esa deuda queda congelada en el tiempo", relató. Aguad dijo que "durante los 12 años del gobierno anterior no se intentó cobrar esa deuda", que cuando él asumió heredó el juicio, y que "las opciones eran no cobrar, o cobrar a precios históricos". Y explicó que la empresa no contaba con bienes porque, "cuando el Estado le canceló la concesión, se quedó con todos los bienes del Correo Argentino".
Además de Aguad habló el director de Asuntos Jurídicos del ministerio, Carlos Mocoroa, quien remarcó que al padre del mandatario "no se le perdonó un mango, ni siquiera los intereses" de la deuda originada cuando Correo Argentino S.A. entró en concurso preventivo. Agregó también que "no se hizo ninguna quita, porque para que existiera quita tendríamos que haber cobrado menos del capital y la empresa finalmente va a pagar el 100%".
En paralelo, fuentes del Ministerio de Comunicaciones anunciaron que Aguad convocará en las próximas horas a los referentes parlamentarios de todo el arco político a un encuentro conjunto destinado a aclarar sus dudas sobre el acuerdo por la deuda de la empresa. Esa reunión se concretaría la próxima semana.
Al conocerse el informe de la fiscal, diputados nacionales del FPV-PJ encabezados por el presidente del bloque FPV-PJ, Héctor Recalde, presentaron una denuncia penal contra Mauricio Macri, Aguad y Mocoroa por presunta "defraudación".
Los legisladores pidieron que se investigue la responsabilidad penal del presidente de la Nación, quien a raíz de la aprobación de la condonación de la millonaria deuda a Correo Argentino "beneficia de manera directa a sus hijos, a su padre y a sus hermanos, en perjuicio del patrimonio de todos los argentinos".
En la vereda de enfrente, 'Página/12' pone el foco sobre las "insólitas cuentas oficiales para defender el regalo de más de 4000 millones a los Macri", afirma que "el ministro Aguad sostuvo que no hubo quita alguna: 'solo' aceptaron que los 296 millones de pesos/dólares de 2001 se paguen en pesos sin actualización de 2018 a 2033", y remarca que "la Justicia lo llama licuación de pasivos".
En la nota titulada "Una explicación que no cierra ni en cómodas cuotas", afirma que el "Ejecutivo defendió los beneficios al Grupo Macri, pero la fiscal, los expertos y la jurisprudencia derribaron esa postura".
"El gobierno de Mauricio Macri argumentó, a través de su ministro Oscar Aguad, que el acuerdo al que llegó con el Grupo Macri por una deuda por la concesión del Correo Argentino no tuvo quita alguna, que se pagará el cien por ciento de lo adeudado, que no corren los intereses durante los quince años que pasaron desde que se decretó la convocatoria de acreedores y que no hay condonación alguna. Diversos especialistas consultados por PáginaI12 confrontaron con esos argumentos: en los juicios, se contempla una actualización del monto en función del tiempo transcurrido y los intereses se pagan en la primera cuota. Según señalaron distintos juristas, hay una doctrina de la “propuesta abusiva del deudor”, que toma en cuenta entre otros factores si la quita en valores reales supera el 60 por ciento. En este caso, según la fiscal Gabriela Boquin, es del 98,87 por ciento. Los argumentos del Estado argentino en 2003 se contradicen con la posición actual del Gobierno PRO."
(...) El director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa, –que firmó la aceptación del acuerdo con el Grupo Macri– afirmó que pagará el “ciento por ciento del capital verificado: 296 millones de pesos”. “No le perdonamos ni un mango a Macri. Nada. Ni siquiera los intereses”, sobreactuó. “La deuda a la que el Estado tiene derecho son 296 millones de pesos”, aseguró Mocoroa, que le echó la culpa al Gobierno anterior: “Por un enfrentamiento político, el Estado no pudo cobrar. Recién en 2016 logramos que la empresa pague”, afirmó.
Sus argumentos se oponen a los que utilizó el Estado argentino en 2003 y que fueron citados en su dictamen por la fiscal Boquin. Allí indicaron sobre una propuesta similar del Grupo Macri que no contemplaba el pago del 100 por ciento de la deuda, dado que había que tener en cuenta el valor real por el paso del tiempo. “¿Cuánto paga el concursado en realidad? Podríamos decir casi nada. En efecto, si se calcula el Valor Actual Neto de cada una de las propuestas, la oferta formulada implica casi una quita encubierta y ello, sin tomar en cuenta el plazo transcurrido desde el 19/09/01 hasta la fecha (en 2003) en que no se devengaron intereses”, argumentaron. “Se advierte claramente que implica de modo claro y contundente un procedimiento de licuación de pasivos y no una propuesta de pago”, sostuvieron los abogados del Estado en 2003, en oposición a lo que sostienen ahora los representantes del Gobierno de Macri.
En tanto, el ex titular de la IGJ y profesor de derecho comercial, Ricardo Nissen, indicó a este diario que “desde 2001, está planteado que no puede hacerse una propuesta abusiva, porque constituye un enriquecimiento sin causa. Tiene que haber un sacrificio mutuo: el acreedor cobra pero el deudor debe hacer un sacrificio necesario para que no se licue el pasivo”."
En cuanto a las palabras de Aguad mencionando que no se pueden actualizar por la ley de quiebras, citó palabras de Nissen: "Esto es mentira. Lo que dice la Ley de Quiebras y Concursos es que suspende el curso de intereses. Eso no significa que cuando llegue el momento de la propuesta no se actualice la deuda. La suspensión de los intereses es para que no se agrave el pasivo. Pero lo que no se puede hacer es licuar el pasivo por el paso del tiempo. Esto no es así".
Además, las de Eduardo Favier Dubois, primer juez que intervino en la causa por el Correo Argentino: "Lo que se establece es el valor presente. Primero, se debe establecer desde cuando se determinó la deuda. Si es una deuda de dos años y la va pagar dentro de dos, se agrega una tasa de cuatro años", advirtió. "Incluso en época de inflación reconocida, hubo un plenario de la Cámara Comercial que determinó que para evaluar si se pagaba el 100 por cien o cuál es el monto de la quita había que atender a la inflación en el tiempo transcurrido", indicó.
Sobre la doctrina de la propuesta abusiva, Favier Dubois explicó que se tienen en cuenta una serie de factores para determinar si una quita es abusiva (por ejemplo, el valor de la quiebra, el rol de la empresa para una economía regional). "Otro parámetro es el valor real: históricamente, no se podía pagar menos del 40 por ciento. La quita no podía ser más del 60 por ciento a valores reales", detalló. "También es abusiva si se puede ofrecer más", advirtió."
Un dato a tener en cuenta en este caso, recalca Página.
En cuanto a la "condonación", que Mocoroa, dijo que no existe, el juez afirmó según el diario "Si están pagando el 1 por ciento del total no es técnicamente una condonación, pero en los hechos se le acercaría. La fiscal tiene sus razones en su argumentación"."
El diario 'La Nación', por su parte, fija que "investigan el acuerdo del Gobierno con el Correo por una deuda" y subraya que "abren una causa penal y otra administrativa". Afirme que "la Casa Rosada convocó a la oposición a brindar explicaciones" y en contraste con 'Página' dice que sí hubo un "fuerte aval de los expertos a lo pactado".
Arranca con una frase contundente: "No hay verdades absolutas en el derecho". Agrega que "menos en un caso que lleva casi 15 años, en el que se discuten centenares de millones de pesos y, además, en el que está involucrada la familia presidencial.
Afirma que "en principio, todos acuerdan que la ley establece que el pasivo (la deuda, entre ellos) se congela al momento de presentar el concurso preventivo. La ley de convertibilidad, que impedía la indexación, fue derogada, pero no en todos sus artículos. Aquel que preveía la imposibilidad de indexar, justamente, es uno de los que está vigente. La sola presentación del concurso suspende la generación de intereses.
"Esa regla, que está impuesta por ley, tiene algunas excepciones en un concurso preventivo. La primera es para todas aquellas deudas motivadas en cuestiones laborales. Y las otras son las acreencias hipotecarias y prendarias que mantienen una garantía real", dice Javier Fernández Moore, abogado especialista en concursos y quiebras, en referencia al artículo 19° de la ley.
Con esas excepciones, todos los demás pasivos se congelan. "Dicho esto, no quiere decir que sea correcto que pasen 15 años y la oferta esté hecha a valores históricos y que recién se calculen intereses desde la homologación del acuerdo en adelante", dijo un ex juez comercial que prefirió no dar su nombre por alguna incompatibilidad que pudiera surgir.
La ley establece que los acreedores y el deudor pueden acordar lo que les parezca en el marco de una negociación concursal. Será el juez, en última instancia, quien establecerá si esa propuesta aceptada es abusiva o fraudulenta. Lo que sigue de la no homologación del acuerdo es, ni más ni menos, la quiebra de la empresa. Es decir, un proceso en el que se liquidan los activos para cubrir los pasivos. Dicho de otra manera, se venden los bienes para pagar las deudas.
"Los acuerdos preventivos -dice Fernández Moore- deben tener la conformidad de las dos terceras partes de los acreedores que representen al menos al 50% del capital." Sin embargo, pese a las mayorías, siempre el juez puede oponerse a la solución.
Pese a que el camino que sigue es la quiebra, cada vez se dicta más jurisprudencia, sea de cámaras y hasta de la Corte, en la que ante un acuerdo que se crea abusivo para algunos acreedores, se entrega al deudor concursado un determinado tiempo para que mejore la propuesta. En general, cuentan viejos comercialistas, la gran mayoría mejora la propuesta inicial, como sucedió en el caso del Correo.
La coincidencia es que no es posible la actualización monetaria. "Lo que debe haber hecho la fiscal es un cálculo financiero. Es decir, cuánto vale la propuesta financiera que presentó el Correo Argentino. Ahora, que ese cálculo financiero sea correcto no quiere decir que se aplique a un proceso concursal", dijo Fernández Moore.
Sin embargo, las dudas más grandes surgen de lo que pasó durante este concurso. Los cuatro especialistas consultados coinciden en que el Estado, como acreedor, tenía enorme cantidad de herramientas para apurar un concurso que permanece abierto hace más de una década. "Se puede pedir desde pronto despacho hasta recusación del juez o la Cámara por no diligenciar a tiempo el expediente. Llegado el caso se podría hasta plantear en la Corte que le quite la jurisdicción al tribunal si no se despacha en los tiempos que da la ley", dijo un abogado de uno de los estudios más grandes de la Argentina. Nada de eso habría ocurrido durante estos años. Es más, la gran mayoría de las empresas de servicios públicos pasaron por un concurso de acreedores tras la salida de la convertibilidad. La mayoría están cerrados con procesos de pagos regulares.
Sin duda, el paso del tiempo beneficia al deudor. El asunto es que es el acreedor el que tiene herramientas como para poder precipitar los tiempos para que no se licue su deuda. La pregunta que bien pude hacerse es qué activos tiene esa empresa, que parece residual, ante la oportunidad de que se vaya a la quiebra. Es decir, si alguien cobraría algo o no si Correo Argentino SA termina con un decreto de quiebra. Los principales activos serían juicios contra el Estado por incumplimientos que motivaron las disputas que terminaron con la concesión."
