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Audiencia, en la clandestinidad: Desde el PO denuncian que fue vaciada

La audiencia pública por el tarifazo, convocada para mañana viernes 16/09, fue cuidadosamente vaciada por el Gobierno macrista, según denuncia desde el Partido Obrero, el dirigente Gabriel Solano. En una nota publicada por el diario 'El Cronista', cuenta lo que, según su versión, quiere ocultar la administración nacional.
15 de septiembre de 2016 - 11:27

La audiencia pública que convocada para mañana ha sido cuidadosamente vaciada por el Gobierno. La falta de información sobre los temas a debatir delata la intención de convertirla en un trámite formal. Convocada para fijar el precio de gas a boca de pozo, no se han presentado los estudios que acrediten cuales son los verdaderos costos de extracción en los distintos yacimientos del país.

Tampoco está disponible otro dato clave: el nivel de las reservas y con qué costos y a qué tipo de cambio fueron generadas. Otra omisión alevosa es la falta de rendición de cuentas sobre los subsidios millonarios que recibieron las empresas de transporte y distribución de gas. No es casual: la audiencia es organizada por el interventor del Enargas, David Tizano, quien hasta diciembre del año pasado presidió Metrogás, una de las concesionarias que más subsidios recibió.

El gobierno que acaba de aprobar una ley de acceso a la información pública realizará la audiencia en la clandestinidad. Se entiende el porqué. Si se presentase la información requerida saltaría a la vista que el reciente anuncio de que el gas a boca de pozo aumentará en promedio un 220% en octubre del 2016 y que luego será actualizado semestralmente en un 21% en dólares hasta fines del 2019 es por completo arbitrario y representa un subsidio enorme para las petroleras.

Con total independencia del costo de extracción interno el gobierno quiere establecer que pagará por el gas a boca de pozo u$s 6,89, cuando en EE.UU. se paga por la misma unidad U$s 2,50. La diferencia, que llega casi al 200%, consagra un régimen de subsidios permanentes de los consumidores a las empresas, algo que también ocurre con el reconocimiento de un precio superior al barril de petróleo.

La vuelta a la dolarización, que ya estaba anticipado en el acuerdo YPF-Chevron (que sigue siendo secreto a pesar de que un fallo de la Corte Suprema ordena darle publicidad) no resistiría tampoco un análisis a fondo en una audiencia pública que cuente con la información necesaria. Sucede que allí quedaría demostrado que los costos principales de extracción son en pesos, y que por lo tanto la dolarización tiene como único fundamento asegurar una renta internacional a las petroleras para fugar capitales. El ajuste permanente atado al dólar, además, no permite precisar el aumento, pues en última instancia dependerá del tipo de cambio.

Ante el vaciamiento de la audiencia pública por parte del Gobierno es necesario reclamar la apertura de los libros de las empresas, la realización de una auditoría independiente para determinar los costos de extracción, traslado y distribución e investigar el destino dado a los subsidios millonarios dados por el Estado. Estas medidas pondrán en debate la nacionalización de los recursos naturales y de la industria hidrocarburífera como parte de un plan de desarrollo nacional en función de los intereses de los trabajadores.

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