La norma -que empezará a regir en el plazo de un año- obliga a todos los organismos del Estado a responder todas las solicitudes de información en un plazo máximo de 15 días –prorrogables por otros 15- y de manera gratuita.
A su vez, contempla sanciones al funcionario que obstruya el ejercicio de dicho derecho.
Además de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, están alcanzados por el proyecto el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, y el Consejo de la Magistratura.
También las empresas con mayoría estatal y con participación minoritaria; los concesionarios, permisionarios y licenciatarios de servicios públicos; operadores de juegos de azar; partidos políticos; sindicatos; universidades y el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
La norma enumera una serie de excepciones para la entrega de información, cuando sea de carácter “reservada, confidencial o secreta”; en el caso de que “ponga en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario”; o cuando haya “secreto industrial, comercial, financiero, científico, técnico o tecnológico”, entre otros casos.
