Además, Martínez Herrero adjuntó al expediente una investigación de la que se desprende que SUMA "no ha presentado balances en la Inspección General de Justicia, recién se ha inscripto como empleadora ante la AFIP con posterioridad a la denuncia promovida" y que ni Michetti, ni la fundación, pudieron "ser sometidas a controles por parte del Estado".
El informe consigna, además, la lista de empresas que figuran como aportantes de dinero a SUMA y "las pautas que recibiera la pareja de la vicepresidenta, Juan Martín Tonelli Banfi, por parte del Gobierno de la Ciudad, por dos millones de pesos, pudiendo llegar dicha operatoria a ser la financiación espuria del partido político o al menos del movimiento o interna que encabeza la licenciada Michetti".
Cabe recordar que el fiscal federal Guillermo Marijuan había pedido abrir una investigación sobre el origen de los fondos que fueron robados de la casa a la vicepresidente el 22 de noviembre de 2015 y de las donaciones recibidas por la fundación SUMA (ver nota relacionada).
La causa por el origen del dinero se inició por denuncia de Herrero y recayó en el juez Ariel Lijo. El letrado había ratificado que los 50 mil dólares y los 245 mil pesos que le fueron robados a Michetti podrían ser de origen ilegal.
Luego el fiscal Marijuan formuló el "requerimiento de instrucción" para abrir la investigación "por la posible comisión de un delito de acción pública, sin perjuicio de la calificación que en definitiva corresponda".
Michetti en su momento explicó el origen del dinero, pero el abogado Martínez Herrero sugirió que se profundice la investigación ante la eventual falta de consistencia de esas explicaciones.
La vicepresidente dijo que era un dinero de una "donación" para una fundación que preside, otra parte era un préstamo de su pareja, el empresario Juan Martín Tonelli Banfi, y para gastos corrientes para una refacción.
