# El petit hotel de María Julia
Cabe recordar que cuando fue rematado el petit hotel de la ex funcionaria menemista María Julía Alsogaray para decomisar los tres millones de pesos de su condena por enriquecimiento ilítico, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) pidió que el dinero se entregue al hospital Garrahan.
Y si bien el Tribunal Oral Federal 4, que había condenado a Alsogaray, aceptó el pedido, en agosto de 2013 la Corte Suprema lo revocó y dispuso que el dinero forme parte del presupuesto del Poder Judicial.
El máximo tribunal sostuvo que una "transferencia sin cargo de fondos públicos a terceros iría en contra de las normas que garantizan el financiamiento del Poder Judicial" y que la ley no contempla otorgar el dinero a un organismo público.
# Al menos 3 proyectos descansan en el Congreso
Según informó Semanario Parlamentario a fines de mayo pasado, el interbloque Cambiemos quiere activar en la Cámara de Diputados la discusión por una ley de extinción de dominio para los bienes provenientes de actos de corrupción y narcotráfico, para lo cual se encamina a un acuerdo con el Frente Renovador.
La intención del oficialismo es convocar, en breve, a un plenario de las comisiones de Legislación General, Justicia y Presupuesto y Hacienda, de donde saldrá el dictamen conjunto.
Hay tres propuestas presentadas por diputados de Cambiemos: una pertenece a Elisa Carrió (Coalición Cívica), y las otras, a los radicales Miguel Bazze y Héctor Gutiérrez. Pero también hay otra presentada por el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, que justamente es la que Cambiemos tomó como base. El oficialismo aspira acordar con el massismo para lograr la aprobación en el recinto.
En diálogo con parlamentario.com, el titular de la Comisión de Legislación General Daniel Lipovetzky explicó que el proyecto massista contempla el tema como una modificación al Código Civil, mientras que el Frente para la Victoria lo aborda como una discusión de materia penal. Esa diferencia, casi insalvable, aleja al interbloque oficialista de un acuerdo con el kirchnerismo.
Cabe destacar que la extinción de dominio es una consecuencia patrimonial de actividades ilícitas consistente "en la declaración de titularidad a favor del Estado, de los bienes que se encuentren en una circunstancia ilícita; por sentencia judicial, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para el afectado, independientemente de quien sea su titular".
"En nuestro país en los últimos años ha habido un crecimiento exponencial del narcotráfico, de la corrupción y de los casos de lavado de dinero -muchos de los cuales han adquirido notoria publicidad-, razón por la cual resulta imprescindible que el Congreso sancione las leyes pertinentes para que los otros dos poderes del Estado cuenten con los instrumentos idóneos para poder combatirlos", destaca el proyecto de la diputada Carrió.
En tal sentido, dicha iniciativa busca crear una "institución jurídica de la extinción de dominio mediante la cual todos aquellos bienes cuyos propietarios no puedan justificar su origen -y, por ello, se determine que son de procedencia ilícita- pasen a formar parte del patrimonio del estado, a través de una transferencia de dominio en favor de este último".
Por su parte, Massa indicó en los fundamentos de su iniciativa que "es necesario ubicar a la República en el marco normativo más moderno que nos permita precavernos de comportamientos ilícitos y delictivos y a su vez garantizar el derecho de propiedad contemplado en la parte dogmática de nuestra Constitución Nacional".
Según la propuesta, "las organizaciones criminales diseñan e implementan acciones tendientes a desapoderar todo tipo de bienes que luego reutilizan en sus conductas ilícitas o tratan de lavar o blanquear, dando una apariencia de licitud a ganancias mal habidas".
En 2014, la Cámara Alta aprobó por unanimidad un proyecto del senador santafesino Rubén Giustiniani, que aún continúa con estado parlamentario, para decomisar los bienes provenientes del narcotráfico."El decomiso de las ganancias y riquezas provenientes del narcotráfico se presenta en un número relativamente bajo de sentencias condenatorias", fundamentó.
La iniciativa resaltó que "es imprescindible implementar herramientas legales que, sin renunciar a la persecución penal de los criminales, avancen sobre las riquezas generadas por esta actividad ilícita y favorezcan la recuperación de dichos bienes para el Estado".
