Después del temblor de 1815, el llamado a un nuevo congreso constituyente se imponía por la propia gravitación de unos hechos que se desenvolvieron desde la periferia hasta tocar el centro de lo que Alberdi, décadas después, llamaría “el poder de Buenos Aires”. La caída de Alvear fue apoyada por Montevideo, Cuyo Santa Fe, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. En respuesta esta situación, el Cabildo de Buenos Aires improvisó una salida, designó a tres electores por cada uno de los departamentos en que se dividía su jurisdicción y eligió a José Rondeau como Director Supremo provisorio en reemplazo de Ignacio Álvarez Thomas. A su vez, el Cabildo y esos electores establecieron una suerte de poder moderador que denominaron Junta de Observación a la que solicitaron la confección de un estatuto provisional que en su artículo 30 (sección III) invitaba el pronto nombramiento de diputados “que hayan de formar constitución”. La convocatoria al Congreso fijaba además la sede del mismo situada en el corazón del norte, en la ciudad de Tucumán.
El significado de este estatuto no es desdeñable porque pasó por la criba de unos breves comicios que involucraron a una parte de los territorios (de Buenos Aires hacia el norte, sin pasar por la Banda Oriental y las ciudades del Litoral) y conformaron el cuerpo representativo que habría de sesionar en Tucumán. El estatuto redujo el método de elección indirecta previsto por la Constitución de Cádiz a dos etapas, suprimiendo así la primera instancia parroquial, y manteniendo el procedimiento para elegir ayuntamientos y las normas que instituían la religión de Estado, menos tolerantes que en el proyecto de 1812 y, por lo tanto, más cercanos a Cádiz. Por fin, la tensión no resuelta entre los sujetos individuales y colectivos de la representación era evidente en los puntos en que primero se afirmaba que “cada ciudadano es miembro de la soberanía del Pueblo” y luego se reconocía que “el poder legislativo reside originalmente en los pueblos”.
El estatuto de 1815 significaba, en cierta medida, un avance sobre algunos criterios centralistas (preveía por ejemplo la elección de gobernador por electores designados en las provincias), pero morigeraba este desplazamiento hacia el interior del territorio reduciendo el período del Director del Estado a solo un año de duración y estableciendo una fórmula para conservar el poder de Buenos Aires cuando había que aprobar contribuciones y empréstitos. La debilidad del poder ejecutivo era pues manifiesta y despertó las aceradas críticas de San Martín. Desde Cuyo se resolvió “no reconocer el estatuto en parte alguna por no considerarse oportuno para el actual régimen de las provincias” y se juzgó que “… en la actual crisis debe tener el primer jefe todas facultades y poder que son necesarios para (…) conservación de la libertad nacional” ya que “… restringiendo al poder ejecutivo enervarían toda la prontitud de acción”.
La concepción ejecutivista de San Martín y de las autoridades comunales de San Juan y Mendoza estaba mucho más cerca de la que sostenía Hamilton en contra de Paine y de Franklin, y también se aproximaba a la definición que, con vista a la guerra y luego a la política, formuló Bonaparte: “El arte de la guerra; decía; es sencillo: todo está en la ejecución”. El Deán Funes, de permanente intervención en estos asuntos, apoyó esa interpretación. En sus “Apuntamientos…” escribió que el Estatuto de 1815 “… dio una medida demasiada desahogada a la libertad, dejando casi en esqueleto al poder ejecutivo”.
Empero, este desahogo de la libertad que provocaba la inquietud de Funes, era mucho más cauto en otros aspectos. En cuanto al poder ejecutivo, el Estatuto parecía ponerse en línea con los esquemas de raigambre confederal; en cuanto al manejo de los recursos fiscales que debían sustentarle, la apertura hacia lo confederativo quedaba bloqueada. En una perspectiva confederativa, el congreso representativo de las provincias debía der la autoridad principal; en el esquema de este Estatuto, el poder fiscal permanecía bajo el control del Cabildo porteño: por el art. IV, cap. II, “No podrá; el poder ejecutivo; disponer expedición alguna militar para fuera de esta Provincia, ni imponer pechos, contribuciones, empréstitos, ni aumentos de derechos de ningún género, sin previa consulta y determinación de la Junta Observadora unida con el Excmo. Cabildo y Tribunal del Consulado”.
En vistas de estos condicionamientos y de la fuerte recuperación de autonomía de los cabildos, era previsible que el Estatuto, con su llamado a los derechos y deberes del ciudadano, no tuviera la acogida esperada. Sin embargo, proporcionó al Congreso de Tucumán un mecanismo indispensable para elegir a sus representantes. Tampoco en los procesos electorales el trámite fue sencillo al intervenir en ellos, como en un juego de tres bandas,
> los representantes elegidos por asambleas electorales con consenso interno,
> los representantes productos de cabildos divididos y
> los representantes que, por provenir de los territorios del Alto Perú ocupados por tropas fieles a Fernando VII, fueron directamente designados.
Groussac no se privó de evocar con sorna, dada su costumbre, aquel ensayo representativo:
“Las elecciones de dos grados se habían hacho con sujeción teórica las reglas del “Estatuto provisional”, que las formulaba tan complejas como las de la antigua Venecia; y por los recovecos que revelaban las de Tucumán, únicas que se vieron de cerca, presúmese cómo se computarían en otras circunscripciones los sufragios “que se dieron la palabra””.
Las cosas, no obstante, fueron más complejas según se desprende del estudio de Carlos Segreti. Como la convocatoria no establecía un período fijo a los diputados que debían desempeñar ese cargo, algunas provincias determinaron su duración (Buenos Aires) y otras no lo hicieron (Mendoza). Por falta de una reglamentación homogénea, los períodos de los diputados permanecían abiertos, tanto como la cuestión de saber si esos representantes debían asumir su papel en uso de un mandato general que diese curso al ejercicio soberano de la libertad política radicada en el Congreso, o bien si esa función se adecuaría a un sistema de consulta permanente con la provincia mandante, en especial en materias cruciales. Los dos métodos de representación, el antiguo y el moderno, coexistieron en tensión en el Congreso. La inestabilidad en las provincias podía provocar la remoción de un mandato que el Congreso, por su parte no aceptaba.
Pero además sobrevolaba sobre el congreso
> la dispersión de las poblaciones,
> la distancia entre un punto y otro de una geografía algo más estrecha que la del virreinato, y
> la lentitud de las comunicaciones. Para llegar a Tucumán, Fray Justo Santa María de Oro y Tomás Godoy Cruz, diputados electos por San Juan y Mendoza, emprendieron un viaje que les insumió sesenta días. Esta lentitud de un mundo replegado sobre sí mismo marchaba al rito de la palabra; Sarmiento lo evocó en “Recuerdos de provincia”, en las ciudades y los conventos donde se educaron e hicieron valer después sus conocimientos los frailes y curas ilustrados de su adolescencia, “con dos caras y dos existencias, una colonial, otra republicana”. La guerra, en cambio, era más rápida y se confundía con aquel pequeño universo de discusiones.
Se calculaba entonces, sobre la base de un censo hecho en 1812, que la población representada en Tucumán por 27 diputados rondaba los 370.000 habitantes. Buenos Aires sobresalía con 100.000 habitantes, seguida por Córdoba y Santiago del Estero con 72.000 y 46.370 respectivamente. Más atrás venían Tucumán con 30.000 y luego el lote de las provincias restantes que no superaban los 23.000 cada una. Estos números de las ciudades y poblaciones rurales poco decían acerca de los núcleos de sociabilidad que daban contenido y recreaban, con sus más y menos, el perfil de unas provincias subordinadas a jefes de ejércitos, gobernadores y cabildantes.
Una vez dentro de las ciudades, alrededor de una plaza central vivían las familias principales; en sus casas brindaban hospitalidad a los diputados (los frailes se alojaban en los conventos), ofrecían recintos para deliberar (la ahora mítica Casa de Tucumán cedida por Francisca Bazán de Laguna), cedían sillones, mesa, escritorio y útiles para celebrar sesiones y registrar los que se decía. La palabra, pese a todo, tenía esa virtud: eran opiniones y discusiones legislativas dichas en sesiones públicas y secretas que, con vistas al porvenir, volcaban a las actas con tinta y papel un par de secretarios y redactores. Para esta tarea el Congreso disponía de la “expertise” de Fray Cayetano Rodríguez, que ya había probado sus artes en editor en “El Redactor” de la Asamblea de 1813, y que en Tucumán reanudaba el oficio (lo hizo entre comienzos de 1816 y el 31 de mayo de 1817, en que loreemplazó Vicente López y Planes). Tal vez, los adosados a las actas que se imprimían en Buenos Aires, pues en Tucumán no había imprenta, estuviesen; vuelvo a Groussac; “amoldados al mal gusto enfático del tiempo”, pero de esas fuentes, y de la correspondencia que traían y llevaban los precarios correos, podría extraerse, “a modo de espejo fragmentario, la fisonomía” de aquel Congreso.
Este rápido encadenamiento de sucesos, mientras el suelo temblaba, puso en escena el estilo parlamentario en una cultura que, al paso de los siglos, había hecho caso omiso a esa destreza de hablantes sustentada en reglas públicas de discusión y decisión. Los diputados, un conjunto de clérigos y laicos educados en las universidades de Chuquisaca, Charcas, Córdoba, San Felipe, y los colegios de Monserrat y San Carlos, traían a cuestas el conocimiento de la época. El Deán Funes describió las bibliotecas que frecuentaban, con sus anaqueles surtidos por el pensamiento clásico y por autores contemporáneos del setecientos. “Platón, Aristóteles, Pufendorf, Condillac, Mably, Rousseau, Raynal, y otros…” invitaban a combinar puntos de vista y a dibujar una diagonal entre la esfera religiosa y el pensamiento de la Ilustración. Tal vez, con esta idea de una ilustración católica podría eludirse el encasillamiento de una percepción reaccionaria de la historia, a la cual era proclive una fracción del catolicismo que condenaba “in toto” los presupuestos y efectos de la Revolución francesa.
Sería difícil trazar una línea divisoria entre lo que aportaron los clérigos y los laicos; las coincidencias y disidencias participaban de la idea, cuyos balbuceos habíamos visto en las Cortes de Cádiz y en los proyectos rioplatenses, de insertar el repertorio de derechos, tributario de las revoluciones atlánticas, en una Constitución que coronaba una religión de Estado. Las tensiones entre ambos soportes de una forma política en ciernes no serían sencillas de superar, como veremos en el próximo capítulo.
Cuando alcanzó el quorum necesario, el Congreso comenzó a sesionar hacia marzo de 1816. Pocos días después, el 12 de abril, San Martín transmitió sus pareceres a Tomas Godoy Cruz, su confidente y diputado por Mendoza:
“¡Hasta cuando esperaremos declarar nuestra independencia! ¿No le parece una cosa bien ridícula, acuñar moneda, tener el pabellón y cucarda nacional, y por último, hacer guerra al soberano de quien en el día se cree dependemos? ¿Qué nos falta más que decirlo? Por otra parte ¿Qué relaciones podemos emprender, cuando estamos a pupilo, y los enemigos (y con mucha razón) nos tratan de insurgentes, pues nos declaramos vasallos? Este V. seguro que nadie nos auxiliara en tal situación. Por otra parte el sistema ganaría un 50 por 100 con tal paso. ¡Animo! Que para los hombres de coraje se han hecho las empresas. -Vamos claros. –Mi amigo, si no se hace, el Congreso es nulo en todas sus partes, porque reasumiendo éste la soberanía es una usurpación que se hace al que se cree verdadero; es decir; a Fernandito”.
El segundo círculo de la independencia, el que reivindicaba una soberanía exterior y con ello una identidad en formación con sus símbolos y ejércitos que los enarbolaban, era para San Martín una obsesión, un imperativo irrenunciable y un llamado perentorio a la estrategia más eficaz para conquistar cuanto antes ese objetivo: ante todo, la independencia exterior como condición necesario para fundar la independencia del ciudadano y echar las bases constitucionales que sostuvieran esa empresa. Por su parte “El Redactor” del Congreso constataba en el día de su instalación, 24 de marzo de 1816, “los contrastes e infortunios de una guerra obstinada”. ¿Eran esos conflictos fruto exclusivo de la lucha contra la corona española o los mismos revertían sobre el territorio de las once provincias representadas y de aquellas aún ausentes y sin representar? Los actos solemnes de inauguración acallaron este interrogante con procesiones, desfiles militares y la presencia de la “nobleza principal” y del “inmenso pueblo” de Tucumán. Con esa imagen de una multitud integrada armoniosamente por todas sus clases quedaba “erigido el tribunal de la nación” que “reúne y concentra en sí la voluntad general formada de las voluntades particulares”.
En la primera lectura, lo “nacional” era el efecto de ese concurso de voluntades que, a la manera de Rousseau, formaban subjetivamente una voluntad más amplia, superior a todos e invisible. No obstante, en otro nivel de análisis, esa matriz de voluntades individuales asociadas, que “El Redactor” explicita con la ayuda de Fontenelle, debía coexistir, en un mismo espacio y mediante un mismo argumento, con los “intereses comunes y particulares de los pueblos” (Actas del Congreso 1, p.182 s.). No venía mal a la retórica la asistencia de Bernard Le Bovier de Fontenelle, el popular “maître à penser” del seiscientos y de la primera mitad del setecientos francés, porque sus ideas tomaban precisamente en consideración la fricción resultante del carácter universal de la naturaleza humana y sus accidentes particulares. “Tanto se parecen todos los hombres; decía; que no hay pueblo cuyas estupideces no nos deban hacer temblar”. Si ese parecido era un axioma sobre el cual construir una autoridad común, la formación de un “centro de poder” (AC 1 ibid.) traducía una exigencia previa y urgente. No hay, en rigor, reducción a la unidad sin un centro de poder que la haga posible. ¿Era la independencia exterior, como creía San Martín, un primer paso inexorable? Todo hacía pensar que, sobre este punto, concurriría la unanimidad de pareceres. ¿Pero en qué consistía la voluntad contratante?
En primer término, esa voluntad provenía de otra fuente de soberanía arraigada en la provincia respectiva, que delegaba en los diputados que había designado, con o sin instrucciones específicas, el ejercicio de la representación. La Junta Electoral de Buenos Aires, producto de la elección en dos turnos establecida por el Estatuto Provisional, encomendó el 12 de septiembre de 1815 a los siete diputados enviados a Tucumán (Pedro Medrano, Juan José Paso, Antonio Sáez, Cayetano Rodríguez, José Darregueyra, Tomás Anchorena y Esteban Agustín Gascón) siete “encargos especiales” o instrucciones a “tener especialmente presentes”:
> Primero, “la invisibilidad del Estado” y el deslinde de los tres poderes “legislativo, ejecutivo y judiciario”;
> segundo que “se asegure al pueblo el ejercicio de la soberanía” mediante el juicio por jurados, la libertad de prensa, la petición a las autoridades y la resistencia a toda medida arbitraria que excediera los límites constitucionales;
> tercero, la subdivisión del poder legislativo en “dos o más secciones distintas”;
> cuatro, la iniciativa de la cámara popular para votar impuestos y empréstitos por tiempo limitado;
> quinto, la posibilidad de reformar la constitución que se dicte, “sea cual fuere la constitución del Estado”;
> sexto, la concentración del poder ejecutivo en una sola persona dado que de la administración de dicho poder por muchos se seguirían “los mayores males”;
> séptimo, una vez sancionada una “constitución sabia y adaptable a nuestras circunstancias”, la Junta Electoral recomendaba establecer “un período de tiempo” (dos renovaciones totales del cuerpo legislativo) para incorporar las reformas que se juzgasen necesarias (AC 1, pp133 ss.).
Destaquemos lo obvio: La Junta Electoral de Buenos Aires no confería a los diputados una delegación explicita para declarar la independencia exterior; los instruía con más énfasis para legislar sobre un conjunto de recaudos institucionales que garantizaran la libertad-independencia del ciudadano. Éstos formaban el pueblo, dicho en singular, a quien correspondía ejercer el poder constituyente dirigido a organizar un Estado (la palabra se utiliza varias veces) devoto de las libertades individuales. Por consiguientes, Buenos Aires dejaba en suspenso el segundo círculo de la independencia, y auguraba un debate alrededor del tercer círculo al proclamar de entrada la “indivisibilidad del Estado”.
Esta invocación, cuyo rastro en cuanto al ánimo de centralizar el Estado no es difícil de visualizar tuvo, sin embargo, que afrontar el delicado tema de los juramentos. Esta promesa tocaba de lleno en el ambicioso proyecto de la Ilustración, que trasladaba el ámbito sagrado sobre el cual brotaba la legitimidad tradicional al recinto en que brotaba la creación humana de una ley suprema. En el momento inaugural de Tucumán, esta ley suprema en formación contaba sin duda alguna con el soporte exclusivo de la religión establecida desde la conquista y la colonización, pero esa referencia a una autoridad trascendente a la acción profana de los diputados no desataba, por si misma, las dificultades ínsitas en la forma de gobierno que debía adoptarse. La disputa quedaba pues ligada a una razón pública con el genio suficiente para obtener la aquiescencia de lo que las instrucciones de Buenos Aires llamaban pueblo sano.
¿Quiénes serían, por tanto, los que jurasen, y en nombre de qué? El 24 de marzo de 1816 decía el nº 4 de “El Redactor”: Los representantes de los “pueblos libres” sancionaros una fórmula de juramento “a Dios Nuestro Señor” que contenía tres promesas:
> la conservación y defensa de la religión católica apostólica romana;
> la defensa del “territorio de las Provincias Unidas (…) contra toda invasión enemiga”;
> el compromiso de desempeñar “fiel y legalmente” los deberes emanados de la condición de diputados al Congreso (AC 1, pp. 185s).
Los “pueblos libres” no conformaban solamente una asociación de individuos en congreso representativo, sino un cuerpo colectivo dentro de cuya estructura podrían operar la libertad individual y los conflictos que se derivaban de este nuevo y siempre indeterminado atributo de la acción humana:
> conflictos en las provincias que resistían la formación de congresos representativos sin su consentimiento (en abril quedaron interrumpidas las comunicaciones con Santa Fe, ya bajo el control de Artigas);
> conflictos en las provincias participantes que no atinaban a fijar las reglas de representación para elegir diputados (“forma tumultuosa” en la elección de diputados en Tucumán; golpe de mano en La Rioja) (AC 1, pp.186, 190 y 199).
Nadie argüía en contra de la religión establecida; el problema surgía en cambio del hacho de que esta referencia a lo sagrado no morigeraba los conflictos ni aclaraba las ideas acerca de lo que había que legislar. En este punto convergían las tensiones propias de la ilustración católica que, como resorte último de la legitimidad a instaurar en reemplazo de la antigua, procuraba morigerar pasiones y acordar intereses contrapuestos.
Mientras tanto había que satisfacer las necesidades inmediatas de gobierno, lo que fue facilitado, a principios de mayo, con la elección por el “acuerdo unánime” de 23 votos sobre 25, del diputado por San Luis, Juan Martín de Pueyrredón, al cargo de Director Supremo. Pueyrredón juro a Dios reconocer “en el presente Congreso de diputados la soberanía de los pueblos que representan”, proteger la religión católica, defender el “territorio de las Provincias de la Unión”, y cesar en el mando cuando lo resolviese el Congreso (AC 1 p. 201 s.).
Por un lado pues, soberanía de los pueblos; por otro, provincias unidas: El imperativo abría puertas a la creación legislativa. Ésta no tardó en llegar. En la fórmula de juramento al Congreso, que se envió a las capitales de provincia, se preguntaba a esas autoridades y a las de ciudades, pueblos y lugares de su dependencia: “¿Reconocéis representada en la asamblea general constituyente la autoridad soberana de las Provincias Unidas del Río de la Plata?”. Se debía responder: “Sí, reconozco”. Esa fue la fórmula que recibió San Martín en Mendoza y que hizo jurar inmediatamente. Claramente, con vistas a un futuro posible en ese presente cargado de dudas, el Congreso se arrogaba la facultad de fijar en él la sede de la soberanía.
La Declaración de Independencia
Los auspicios favorables tuvieron pronta ratificación pocos meses después. El Congreso prosiguió sus deliberaciones acerca del “augusto y sagrado objeto de la independencia de los pueblos”, y votó por unanimidad y aclamación, el 9 de julio, el “Acta de la Declaración de la Independencia”. En ella se escribió “la determinación siguiente”:
Nos los representantes de las Provincias Unidas de Sud América, reunidos en Congreso General, invocando al Eterno que preside el Universo, en el nombre y por la autoridad de los pueblos que representamos, protestando al cielo, a las naciones y hombres todos del globo la justicia, que regla nuestros votos, declaramos solemnemente a la faz de la tierra, que es voluntad unánime e indubitable de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojados, e invertirse del alto carácter de nación libre e independiente del rey Fernando 7, sus sucesores y metrópoli. Quedan en consecuencia de hecho y de derecho con amplio y pleno poder para darse las formas que exige la justicia, e impere el cúmulo de sus actuales circunstancias. Todas y cada una de ellas, así lo publican, declaran y ratifican, comprometiéndose por nuestro medio al cumplimiento y sostén de esta voluntad, bajo el seguro y garantía de sus vidas, haberes y fama. Comuníquese a quienes corresponda para su publicación y en obsequio al respeto que se debe a las naciones, detállense en un manifiesto los gravísimos fundamentos impulsivos de esta solemne declaración.
Ese 9 de julio presidia el Congreso Francisco Narciso de Laprida, diputado por San Juan, siendo vicepresidente Mariano Boedo, diputado por Salta. Votaron por unanimidad la Declaración veintiocho diputados. Diez días más tarde, se acordó la fórmula del “juramento cívico” de la independencia del país en los términos siguientes:
¿Juráis por Dios N. Señor y esta señal de +, promover y defender la libertad de las Provincias Unidas en Sud América y su independencia del rey de España Fernando 7, sus sucesores y metrópoli, y toda otra dominación extranjera? (AC 1, pp. 216 s.).
El agregado “toda otra dominación extranjera” fue propuesto en la sesión secreta del mismo día, por el diputado por Charcas, José María Serrano, designado por los emigrados del Alto Perú en Salta, para sofocar “el rumor esparcido por ciertos hombres malignos, de que el Director del Estado (Pueyrredón), el Gral. Belgrano, y aun algunos individuos del Sob. Congreso, alimentaban la idea de entregar el país a los portugueses y fue acordado” (AC 1 p.484).
El añadido formó parte de la fórmula de juramento pero no se añadió a la Declaración de Independencia que decía Provincias “de” Sud América, y no, como lo hacía el juramento, Provincias Unidas “en” Sud América. La distinción no es banal. La preposición “de” indica proveniencia, mientras que la preposición “en” indica lugar y tiempo en que ocurre una acción. La Declaración asumía una cierta preminencia que el juramento por el momento descartaba, como si ese lugar pudiese en el tiempo ampliarse o contraerse.
“La Gaceta de Buenos Aires” no anduvo con vueltas, fue más explícita, marco una configuración geográfica circunscripta y publicó la declaración bajo el título “Acta de Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata”.
Se trataba de una sutil disquisición que contrastaba con los riesgos de invasión en Salta Jujuy (la victoria de Sipe-Sipe había sido celebrada en España con misas de acción de gracias por orden de Fernando VII) y la amenaza de una invasión sobre el Río de la Plata proveniente de España. La soberanía asumida por el Congreso era una conciencia desgarrada por la debilidad y una apuesta audaz como surge de una expresión de Juan José Paso, un protagonista de calibre en el Congreso tal cual lo venía haciendo en todos los ámbitos decisorios desde el 25 de mayo de 1810. Según relata Leoncio, tradición oral en Tucumán, en:
“Una tertulia familiar, la noche del día que se juró la independencia, rodeado de congresales y vecinos, al comentar el alcance del acto legislativo exclamó:- Esto significa lo irremediable; la victoria definitiva o…- y completo su expresión pasando su mano debajo de la barba en rápido ademán de tajo indicando la decapitación que resumía los procedimientos judiciales de la monarquía”.
Por otra parte la expansión de los conflictos en el Litoral se acentuaba con una invasión portuguesa a la Banda Oriental y una aplicación siempre frustrada de los procedimientos de negociación diplomática en ese belicoso contexto. Mientras desde Tucumán y Buenos Aires se proclamaba con énfasis la unión de las provincias, francamente respaldada por Cuyo, en el Litoral se echaban las bases de otra unidad política, bajo criterios independentistas y confederativos, entre Artigas, Estanislao López y Francisco Ramírez.
El mismo día del 9 de julio de 1816, fracasó un proyecto de reconciliación entre Buenos Aires y Santa Fe, y luego la invasión portuguesa a la Banda Oriental provocó acusaciones de convivencia con el Directorio ratificadas por el Acta Secreta del 4 de septiembre de 1816 en que se dice que el Congreso le hará entender al gabinete portugués que, si bien puede “reducir a orden” la Banda Oriental, “de ninguna manera podrá apoderarse del Entre Ríos por ser este territorio perteneciente a la provincia de Buenos Aires”. Quedaba así anulado el propósito expuesto una semana antes de alcanzar la unión Artigas “inspirándole confianza, y dándole los auxilios posibles” (AC 1, pp. 308 y 495).
