D'Angelo detalla que un 28% de los desaparecidos del primer listado no figuraba en el segundo, ya fuera por inexistentes o por haberse comprobado que estaban con vida, y que tras 22 años habían surgido 677 nuevos desaparecidos, lo que arrojaba un total de 7089 personas en situación de desaparición forzada, a los que se sumaban 1279 muertos. Recordemos que luego del informe de la Conadep continuó vigente la posibilidad de denunciar desapariciones. La lista revisada de 2006 daría un considerable aumento en el número de víctimas, pero extrañamente no fue así. El informe de la Conadep registraba 8961 casos de personas desaparecidas, mientras que en el de 2006, que agregó los muertos, se llegó a un total de 8368 víctimas. Ante estos guarismos, surge el cuestionamiento de por qué la misma Secretaría de Derechos Humanos, en el prólogo de la revisión, vuelve a denunciar que fueron 30.000 los desaparecidos, si uno solo constituye de por sí una tragedia. Agregar casi 22.000 nombres, imposibles de justificar, argumentando una ausencia de denuncias por temor a represalias, resulta inconsistente y esconde una aviesa intención, pues convierte el número en un fraude oficializado.