Inicialmente se había previsto para marzo, en un contexto de transición ordenada, pero los últimos acontecimientos obligaron a adelantar los tiempos.
“Sabemos que va a ser un proceso minado de zancadillas y vueltos”, dicen en el Gobierno.
“El ingreso y ascenso de una serie de comisarios producto de acuerdos políticos es una burocracia generada por designaciones a dedo y pago de favores”, describen mientras aseguran que la fuga de los hermanos Lanatta y Schilaci lo puso en evidencia.
Además, vuelven también sobre Aníbal Fernández: “Aunque nunca llegue a probarse es claro que Aníbal seguía moviendo los hilos de la policía provincial y que muchos de sus punteros estuvieron involucrados en la cuestión”.
Las áreas de investigaciones y narcotráfico -en las que se supone se encuentran los principales focos de corrupción- serán las primeras en las que la reforma se hará sentir, al tiempo que habrá menos Departamentales y con un mayor grado de autonomía, indicó libreexpresion.net.
Con respecto a las actuales jerarquías se afirma que “muchos de ellos serán asignados a otras funciones, algunos van a pasar a retiro, otros tendrán retiros voluntarios y a otros se los va a remover directamente”, agregando que el plan contempla el regreso de las juntas de clasificación de desempeño policial, un trabajo que Daniel Scioli había dejado de lado para evitar roces con la fuerza. De ello dependerá un sistema de premios y castigos que podría incluir bonos salariales.
También habrá una revisación minuciosa de legajos y si hay dinero se buscará equipamiento.
También habría cambios en el Ministerio de Seguridad pero se mantendría a Cristian Ritondo, quien quedó en la mira por su cercanía a la policía de Scioli.
El otro objetivo es la procuradora bonaerense María del Carmen Falbo. La jefa de los fiscales fue acusada por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y por encubrir la fuga de presos de los penales provinciales.
La demanda no termina allí, también involucra al ex ministro de Justicia bonaerense Ricardo Casal y al juez K César Melazo.
Según el diario Hoy, Falbo quedó en el medio de la polémica por sus estrechos lazos con el ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.
A Falbo se la culpa por la inacción llevada adelante desde la Procuración, y los supuestos intentos de frenar distinta clase de allanamientos a allegados a los prófugos del Triple Crimen.
El viernes pasado, según recuerda Hoy, el abogado José María López, presentó una denuncia en los Tribunales platenses, que fue tomada por la UFI Nº11, que se encontraba de turno, a cargo de Álvaro Garganta, y que seguramente recaerá en los próximos días en la UFI Nº 8 de Investigaciones de Delitos Complejos al mando del fiscal Jorge Paolini, por la evidente constatación del incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En la acusación, se deja en evidencia que Falbo, y su Secretario de Política Criminal, Homero Alonso, habrían incurrido en un inexistente contralor del sistema carcelario, y que ambos serían cómplices del delito de encubrimiento de evasión en 119 hechos.
La denuncia de López no solo involucra a la funcionaria y Alonso, sino también al juez de Garantías de La Plata, César Melazo así como también al ex ministro de Justicia provincial, Ricardo Casal, por haber dado pié con sus labores a que se siguiera fomentando un supuesto accionar ilícito por parte de Falbo.
En diálogo con Hoy, el abogado denunciante afirmó que “acá son varias las personas que están involucradas en distintos actos ilegales, con conductas que rayan como mínimo en complicidad u omisión. El ex ministro Ricardo Casal y el juez César Melazo son algunos de ellos, más que nada por toda esa pantomima que se hizo con la detención y luego liberación de Marcelo Mallo por su implicancia en la triple fuga de General Alvear”.
Para el letrado, “la triple evasión es un hecho, pero Falbo está involucrada en el encubrimiento de la fuga de 119 presos de distintas unidades penales de la provincia. Ella fue la abogada de Aníbal Fernández cuando fue acusado por administración fraudulenta en su paso por la intendencia de Quilmes, y es obvio que los allanamientos que ella paró, con la anuencia entre otros de Melazo, son los que perjudicaban a Fernández”.
“Tengo más de 20 denuncias contra ella que están paradas por la instrucción que reciben los fiscales de su parte de no avanzar con las mismas. ¿Cómo hace un fiscal para investigarla cuando es un empleado a cargo de ella?, ya que los fiscales son empleados de la Procuradora: ella los nombra, los asciende o desciende. Es todo una gran incongruencia”, resaltó López.
Otra de las partes de la denuncia del abogado José María López, incrimina a María del Carmen Falbo en “acciones ominosas” vinculadas a la política de persecución a los delitos de género.
La funcionaria fue acusada por no haber dado jamás cumplimiento a la Ley 12659 de Violencia Familiar.
Se la acusa también de no acreditar conocimiento en materia penal, y en faltarle capacidad para la designación “espuria” de funcionarios fiscales generales y fiscales de grado.
Además, se nombra la complicidad y el encubrimiento que ha tenido con ciertos fiscales a su cargo acusados de graves delitos, dejando constancia entre ellos el caso de Julio César Novo de San Isidro (sospechado de proteger narcos) y el de Enrique Ferrari de Lomas de Zamora.
