El informe -que lleva por nombre “Granadas al vuelo”- revela además que 58 de estos artefactos eran de fabricación militar; y los otros dos de elaboración casera.
Se detalla además que el primer objetivo de los ataques han sido las instalaciones policiales o comisiones de estos organismos.
La presidenta de la ONG Control Ciudadano y experta en temas militares, Rocío San Miguel, explicó que la mayoría de las granadas en el país han sido adquiridas por el Gobierno a industrias militares de otras naciones, dado que la línea de ensamblaje de estas armas que se hacían en las instalaciones de la Compañía venezolana de Industrias Militares, Cavim, cesó en 2011 cuando estallaron varios galpones de la empresa.
Hasta ahora se desconoce si las autoridades han hecho alguna investigación para determinar el origen de los artefactos que llegan a manos de civiles. No obstante, en una circular interna de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) -fechada 15 de octubre- el comandante general de la Guardia Nacional, Néstor Reverol, ordenó la instalación de cámaras en el interior y adyacencias de los almacenes de armas.
La orden estuvo “motivada a novedades presentadas en algunas unidades del componente donde se han presentado pérdida de armamentos (...) lo que denota la complicidad de algunos efectivos con personas inescrupulosas del ámbito delictivo”.
Ante esta situación, la ONG instó a la institución militar a adoptar los correctivos necesarios, no sólo “blindando” los parques de armas, también estableciendo un perfil del centinela de estos locales y un protocolo para la supervisión y control de su desempeño.
