A diferencia de Manzur, Gollán no presentó un escrito para argumentar en su defensa según explicó su abogado, Ezequiel Klainer.
La causa por sobreprecios en el Plan Qunita se inició por una denuncia de la legisladora Graciela Ocaña por pagos ilegales que ascenderían a 550 millones de pesos.
La legisladora porteña compró los productos del kit -de mejor calidad- y pagó 4.129 pesos, contra los 7.784 pesos anunciados por la presidenta Cristina Kirchner, que había asegurado que se trataba de un costo más bajo que el habitual.
"Es una licitación armada, por eso la denunciamos. Generó un negociado: yo compré los productos del kit en el barrio de Once y gasté 4.100 pesos (con elementos de mayor calidad), contra 7.800 pesos que le costó al Estado", se quejó.
Según la ex ministra, ninguna de las empresas que ganaron la licitación está registrada en un rubro vinculado a la fabricación de los materiales que comprende el plan. En este sentido se refirió en particular a Fassano SRL, que figura como inmobiliaria y, de acuerdo con la investigación, el año pasado facturaba 6 mil pesos y ahora recibirá 900 millones del Estado (ver nota relacionada).
"(Los funcionarios) adjudicaron 1100 millones de pesos. Es un curro grande como una casa, que implica malversación de fondos públicos y se lo tendrán que explicar al juez", afirmó Ocaña en declaraciones a AM 950.
La ex funcionaria cuestionó también la mala calidad de los productos del plan destinado a mujeres embarazadas. "Es un desastre porque han pagado el doble del precio y es de pésima calidad para nuestros chicos", explicó, y precisó que cada kit "tiene un precio de mercado de 4000 pesos y el Estado pagó casi 8.000 pesos".