Ayer, en declaraciones al programa "Periodismo para Todos", Martín Lanatta, condenado a prisión perpetua por el triple crimen de General Rodríguez, y José Luis Salerno, socio de una de las víctimas, vincularon a Aníbal Fernández con esos asesinatos ocurrido en 2008, y lo acusaron con quedarse con "el negocio del tráfico de efedrina".
"Tiene mucha verosimilitud, pero también es cierto que Martín Lanatta nunca había dado este testimonio en el juicio oral y público que se llevó adelante en Mercedes", sostuvo hoy Ocaña.
La legisladora, que estaba al frente de la cartera laboral cuando se clausuraron las droguerías vinculadas al tráfico de efedrina, recordó que tras la finalización del juicio por el triple crimen, el Tribunal ordenó abrir otra causa "porque dijo que nada de los hechos que allí se ventilaron podrían haberse llevado adelante sin la participación de altos funcionarios del Gobierno".
Además, recordó que cuando ordenó las clausuras de las droguerías, recibió varias amenazas, y que el juez Julián Ercolini determinó que partieron de un celular que poseía uno de sus custodios de la Policía Federal, que estaba bajo la órbita del entonces ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos que encabezaba Fernández.
"Lo importante es que se les dé protección a las dos personas que ayer declararon", concluyó Ocaña.
