De acuerdo con el Tesoro, Sendero Luminoso cobra cupos por su producción y procesamiento y ofrece transporte y protección armada a los traficantes que mueven largos cargamentos de cocaína desde el sur de Perú.
Para proteger sus intereses financieros, agregó la nota, el grupo ha dirigido atentados contra personal e instalaciones de las fuerzas de seguridad peruanas.
Asimismo, incluyó a los terroristas peruanos Víctor Quispe Palomino, Jorge Quispe Palomino, y Florindo Eleuterio Flores Hala en su lista de narcotraficantes internacionales, considerados líderes del grupo.
Como consecuencia de esta designación, quedan prohibidas las transacciones financieras por parte de ciudadanos estadounidenses y se congelan los activos y bienes que puedan tener bajo jurisdicción estadounidense.
Buscan desaparecidos en Perú
Cinco expertos independientes de la ONU llegaron este lunes a la capital peruana para recopilar información sobre los casos de desapariciones forzadas en el país durante el conflicto entre 1980 y el 2000. Las organizaciones que trabajan con los familiares de las víctimas esperan mucho de esta misión.
Los representantes de la ONU disponen de diez días para investigar, compilar datos y evaluar el trabajo de las autoridades peruanas.
Acompañados por funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, los cinco expertos independientes de diferentes países estudiarán las medidas adoptadas por el estado para prevenir y erradicar las desapariciones forzadas que, entre los años1980 y 2000, ascendieron a quince mil, según la Cruz Roja.
Una abrumadora mayoría de desaparecidos eran campesinos humildes, atrapados entre dos fuegos : la acción de las fuerzas armadas y la de la guerrilla maoísta 'Sendero Luminoso'.
La delegación de la ONU visitará, entre otros lugares, la zona conocida como La Hoyada, el ex campo de entrenamiento del cuartel Los Cabitos de Ayacucho, donde se han encontrado más de cien restos humanos. Concluirá su visita en Huanuco - en el centro del país - escenario también de miles de desapariciones.
A pesar de que a partir de 2006, Perú puso en marcha un plan para pagar reparaciones a los familiares de las víctimas, Ernesto Ambía considera que no se ha hecho lo necesario para encontrar e identificar a las víctimas, en parte por falta de recursos.
Los obstáculos no son solo financieros, son también de carácter político.
APRODEH y otras organizaciones similares piden que se adopte una ley que rija todo el proceso, que va desde la localización de los restos de una víctima hasta la indemnización de sus familiares. Sin embargo, Ernesto Ambía recalca que la respuesta no puede ser únicamente judicial.
Según el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), el conflicto interno dejó 69.000 muertos en Perú. El reporte final de esta misión será presentado en el 2016.
Entrevistado: Ernesto Ambía, abogado de la Asociación Proderechos Humanos (APRODEH).
