Entonces, el periodista Nicolás Ríos Ayllón, de FM Profesional 99.9 Salta, presentó un recurso de amparo informativo ante el juez Marcelo Domínguez, de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial.
Para sorpresa de todos, el 17/04, el magistrado Domínguez ordenó al IPV brindar la lista de adjudicatarios requerida oportunamente. Sin embargo, hasta hoy (01/06), el organismo provincial se niega a dar esta información. Superada la 'nube' de las elecciones, el tema hace 'ruido' otra vez.
Ya en 2013, Carlos “Uluncha” Saravia y Carlos Morello presentaron una denuncia ante el Procurador General Pablo López Viñals por las irregularidades detectadas en la adjudicación de viviendas del barrio “Lomas de Medeiros”.
En la presentación solicitan el inicio de una investigación penal por eventual incumplimiento de los deberes de funcionarios del Instituto Provincial de la Vivienda y falseamiento de documentos públicos al momento de pre-adjudicar viviendas a personas que ya contaban con inmuebles o que sostienen vínculos de parentesco o afinidad con funcionarios del gobierno de Juan Manuel Urtubey.
En el escrito se dejó constancia que son 7 las personas que tenían inmuebles y que por connivencia con funcionarios lograron sortear el cruzamiento de datos con la Dirección General de Inmuebles, y que más de una docena de pre adjudicatarios son parientes de altos funcionarios o ejercen cargos.
Entre los adjudicatarios figuran familiares de Florencia García Gutierrez, secretaria privada delgobernador; María Soledad Samson, hija del secretario general de la Gobernación; Federico Rovaletti Lagos, secretario de Planeamiento del Ministerio de Seguridad; Pablo Robbio Saravia, secretario Legal y Técnico de la Secretaría General de la Gobernación; Matías Rodriguez Issler, hijo del Coordinador General del Ministerio de Gobierno de la Provincia y Sebastián Ortiz de Rozas Coordinador Financiero del Ministerio de Economía y socio del ministro Carlos Parodi.
El fallo "Ríos Ayllón" reivindica el derecho de acceso a la información pública que tenemos todos los ciudadanos, derecho este que se encuentra garantizado no sólo por nuestra Constitución Provincial y Nacional, sino también por diversos Tratados Internacionales.
Es de esperar que luego de este fallo, los periodistas tengan un mayor respaldo e incentivo para el ejercicio de este fundamental derecho.
