Los llamamos presos políticos no porque estén presos por sus ideas, sino porque quienes violan sistemáticamente la Constitución y los Tratados Internacionales para encerrar a nuestros padres y abuelos, negándoles sus derechos elementales, buscan el rédito político. Ellos están presos por razones políticas.
También porque estos detenidos reciben un trato diferencial y discriminatorio, con respecto a cualquier otro detenido. Para que haya condena en un Proceso Penal la responsabilidad del imputado en el hecho puntual debe ser probada “más allá de toda duda razonable” con prueba “clara, precisa e irrefutable”. En el caso de nuestros familiares los magistrados justifican sus condenas porque los acusados “deberían haber sabido lo que pasaba”; o se sostiene la culpabilidad apelando a la figura de “participes necesarios”. En los juicios comunes, con pruebas y testimonios del mismo año del juicio, tan solo alrededor del 30% de los imputados son condenados, en nuestro caso, con la prueba más fresca a 40 años del hecho, cerca del 95%.
De los treinta artículos plasmados en la Declaración Universal de Derechos Humanos podemos atestiguar que se violan dieciséis. La voluntad, que se comprueba en los procesos por delitos de lesa humanidad, implica un costo inmenso para nuestra sociedad. No hablamos únicamente del costo económico, equivalente a cuatro veces el costo de Fútbol para Todos, sino del costo institucional y cívico que significa salirse del marco del Estado de Derecho.
Quizás el más grave de todos sea el costo histórico, el costo de la verdad. Porque en estos más de 10 años de juicios no se consiguió una sola verdad que no hubiese surgido ya en el informe de la CONADEP o en el Juicio a las Juntas. Los testimonios vertidos en nuestros juicios o son los mismos, o son iguales que aquellos. La persecución penal indiscriminada y desmesurada, la persecución con fines políticos, ha generado nuevas víctimas, obturado la reflexión y obligado al silencio de los imputados porque total, digan lo que digan, hayan actuado como hayan actuado, prácticamente todos terminan condenados.
Nos preguntamos ¿Para qué? Porque, después de 10 años, no se han instalado los Derechos Humanos como valor en nuestro país. Por ejemplo, todos hemos visto como un grupo de ciudadanos es capaz de linchar a quien creen que es un ladrón. En televisión se muestran debates con mucha aceptación sobre matar a los potenciales asesinos.
Decimos que, incluso, los Derechos Humanos como ideal, como un valor, se fueron degradando. Nosotros podemos atestiguar de primera mano violaciones a los Derechos Humanos cotidianas que se dan en los ámbitos penitenciarios y judiciales para todos los presos, no solo los de nuestros padres y abuelos. La violación a los derechos de nuestros familiares está en consonancia con otras, como cuando vemos que algunos estados provinciales desplazan a comunidades originarias de sus territorios para que se siembre más soja. Todo esto sin meternos con otros quiebres en derechos básicos como la educación, la salud, la vivienda, la dignidad humana…
