Una fuente de la investigación confirmó que los 3 detenidos se ocupan del traslado, pero habría un jefe por encima de ellos, encargado de la organización, quien no fue identificada hasta ahora.
El allanamiento se disparó a partir de una acción de rutina de los policías de la Brigada, que detectaron que se ofrecía sexo abiertamente durante la jornada del viernes, en las cercanías de una carpa montada en el autódromo.
A partir de allí, pidieron la autorización judicial y detuvieron a los 3 remiseros. Además, se le tomó declaración a las 11 mujeres que estaban en la carpa.
Según surgió de la investigación, a las mujeres les cobraban $1.400 por el traslado, carpa y comida durante el fin de semana. Además, había un arreglo por los “pases” sexuales y el dinero recolectado en las “fiestas” organizadas durante la madrugada.
Las mujeres fueron asistidas por el gabinete especial que tiene el juzgado para los casos de trata. Además, intervino el área de la Mujer del municipo santarroseño, a cargo de Fabiana Montañez.
Si bien la provincia les ofreció alojamiento y comida, las mujeres, luego de declarar, prefirieron no aceptarlo. “Declararon y se las dejó ir. No las podemos retener”, contaron los investigadores.
Las chicas son mayores de edad. La mayoría, de la provincia de Santa Fe. “Si bien no se estableció que venían engañadas, está claro que detrás de esto hay una organización. Había 3 autos, carpas, preservativos, 11 chicas....”, reveló una fuente policial.
Un antecedente
El procedimiento en Santa Rosa tiene un antecedente: la fecha del TC que se disputó en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, que terminó con el desbaratamiento de una banda que se dedicaba a la trata de personas. En ese caso, liberaron a 17 víctimas de proxenetas.
El comisario Sergio Rebolloso, jefe departamental de la policía de Nogoyá, Entre Ríos, informó en aquel momento que rescataron 14 mujeres, entre ellas 1 menor, y 3 travestis, que eran obligadas a prostituirse y que habían ido a "trabajar" a la carrera.
"Es un grupo de personas que había ingresado al predio del TC, pero no surge de la investigación que hayan tenido una participación en la organización de ese espectáculo deportiva. La trata de persona consiste en que había proxenetas. Juntaban a un grupo de chicas, 15 ó 20, y las llevaban en autos particulares hasta el predio, en este caso el TC, pero pudo ser otro con la misma naturaleza convocante, y ahí se prostituían", sostuvo el funcionario.
Según indicó el jefe policial, todo se inició a partir del hurto de un teléfono celular en el minishop de una estación de servicios. La filmación del lugar detectó al grupo de mujeres y la patente de los autos en los que se movilizaban. El domingo detuvieron 3 autos en un puesto caminero. Una de las chicas entregó el teléfono.
El jefe policial de Nogoyá expresó que "se les hizo un interrogatorio de rutina para tratar de establecer identidades, y hubo una de las muchachas que nos estaba dando datos falsos de su identificación. Cuando profundizamos las averiguaciones, establecimos que era una menor de edad y que nos había mentido con el apellido. Después de 4 horas, la chica entró en confianza con el personal femenino y admitió que estaba en contra de su voluntad, presa de una organización de trata de personas y que la obligaban a prostituirse. Pidió el auxilio del Estado para poder salir de ese circuito", aseveró.
Rebolloso dijo que las chicas detectadas en esa situación "ejercían la prostitución en la calle. La menor fue captada dentro de un barrio marginal. Hay una situación familiar en la que pueden haber implicados, un entorno muy complicado que hizo que no fuera restituida a sus progenitores sino que quedó bajo tutela del Estado".
En Tucumán
En San Miguel del Tucumán, según alertó el comisario Julio Fernández, jefe de la división Trata de Personas, reciben entre 10 y 15 denuncias cada semana de padres desesperados porque no encuentran a sus hijas. No obstante, según él, casi todos los casos se resuelvan en pocas horas.
La gran mayoría de las denuncias tienen como protagonistas a mujeres de entre 13 y 17 años, indicó Fernández. “Casi todos los casos tienen que ver con fugas voluntarias del hogar y problemas familiares. Es común que las chicas apaguen los celulares o manden mensajes a su familia diciendo que no van a regresar”, contó.
De acuerdo con la experiencia del comisario, existen tres lugares relacionados con estas fugas: la escuela, el boliche e internet. Respecto a la primera, Fernández afirmó: “ocurre mucho que los adolescentes, cuando van a rendir y les va mal, no quieren volver a su domicilio por temor a que los padres los castiguen”.
Sólo 2 de las denuncias que recibió Trata de Personas en lo que va del año no fueron resueltas todavía.
En tanto, también en San Miguel del Tucumán, según el diario La Gaceta, el secretario de Gobierno municipal, Germán Alfaro, ordenó la suspensión por 60 días de un alto empleado de esa oficina, a quien se apunta por -supuestamente- tener “mucha confianza y familiaridad con el ambiente de la noche y con titulares de prostíbulos”, indicaron fuentes oficiales.
La situación quedó reflejada en una nota que el titular de la Dipsa (Dirección de Producción y Saneamiento Ambiental ), Miguel Ángel Molins, envió al propio Alfaro el 21/08, en la que califica al trabajador en cuestión como “el mayor coimero”.
Molins pidió el traslado de este individuo, y señaló además a otros 7 inspectores -todos de menor rango- por llevar adelante habilitaciones truchas y por “retirar dinero mensualmente” de un supermercado de barrio Diza, destaca la documentación.
El 23/10, Alfaro dispuso el traslado de siete de los agentes municipales mencionados por el director de la Dipsa, según una serie de resoluciones que firmó junto a Walter Berarducci, secretario de Servicios Públicos de la Capital.
"El grupo de inspectores sindicado y desplazado expresa otra versión. Según los planteos formulados ante la Secretaría de Estado de Trabajo de la Provincia, con el patrocinio del abogado Gustavo Estofán, los 7 municipales acusan una “discriminación por cuestiones políticas”, debido a que todos son afiliados al sindicato que conduce Oscar Acosta, quien es opositor a la gestión del intendente, Domingo Amaya.
