En su resolución los jueces Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero determinaron que "la apreciación conjunta e integral de todos elementos probatorios colectados y debidamente valorados abona la hipótesis de que el patrimonio de Ricardo Raúl Jaime, mientras ocupara la función de Secretario de Transporte de la Nación, se incrementó de manera ilícita", concluyeron los jueces.
"La pesquisa llevada a cabo ha permitido acreditar prima facie que Ricardo Raúl Jaime incrementó su patrimonio de manera desproporcional a sus ingresos, valiéndose para ello de 'prestanombres' -tanto personas físicas como jurídicas- a los fines de desvirtuar el conocimiento del real titular de esos bienes", ratificaron los camaristas.
Además, entendieron que "en muchos de los casos, estas personas interpuestas, vía empleo de sociedades off shore, compraban y disponían de una serie de activos, los que incluso -en algunas ocasiones- eran revendidos a otras compañías pantallas, articulando de esta manera el reingreso de los fondos al real propietario".
Casanello, entre los bienes que Jaime no pudo justificar, citó la utilización asidua de un jet privado, una embarcación, dos motocicletas de alta gama, más de cinco automóviles de lujo y un gran crecimiento inmobiliario en las provincias de Córdoba, Buenos Aires, Río Gallegos e incluso en Brasil.
"Las probanzas colectadas en autos arrojaron una estimación provisoria de ese incremento apreciable e injustificado: Ricardo Jaime habría aumentado su patrimonio -durante su desempeño como Secretario de Transporte y vía la utilización de personas interpuestas-, en una suma que, solo a valores nominales, alcanzaría de $12.500.000. Inmuebles, autos y hasta una aeronave habrían sido los destinatarios de la aplicación de dinero ilícitamente obtenido", recordó la Cámara en su fallo.
