Cuando el director de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), “Mr. Músculo” Casaretto, quiso deslindar responsabilidades, culpando a sus empleados, a quienes denunció en los tribunales de Paraná, cometió 2 errores:
> no consultó con el gobernador "Cosechadora" Urribarri para averiguar si su denuncia afectaría algunos “intereses”; y
> no imaginó que esos empleados, en un acto defensivo, podrían ser los primeros en romper los 'pactos de silencio' y desnudar a todos los involucrados.
Tal como se suponía el monto de la estafa sigue incrementándose a medida que avanza la investigación, tanto en los montos, como en la cantidad de implicados.
Si bien en un principio la denuncia de Casaretto pedía investigar desde 2012, cuando él asumió esa dirección, la Justicia que interviene en el caso ya ordenó iniciar la pesquisa en2004. Si bien no causó ninguna sorpresa, ya se ha descubierto que entre 2012 y 2008 han “desaparecido” otros $20 millones.
Según informa el semanario Análisis, la cantidad de empresas involucradas o “beneficiadas” con la desaparición de sus deudas, hayan sido o no proveedores del Estado, serían más de 250, lo que hace suponer que las cifras finales irán mucho más allá de los $40 millones descubiertos hasta ahora.
El tembladeral que todo esto está generando en la Administración de “Cosechadora” es muy grande porque hay temor en los burócratas, y ese comportamiento amenaza con un 'efecto dominó': el testimonio de algunos involucrados demuestra que era imposible que sucediera si no se contaba con el apoyo de autoridades políticas.
“En Entre Ríos vamos a apoyar una ley como la que Sergio Massa pide para la Nación, para que funcionarios corruptos y narcos pierdan sus bienes”, señaló Adrián Fuertes, precandidato a gobernador de Entre Ríos precisamente por el Frente Renovador.
“La plata de la corrupción y el narco se persigue con leyes claras y firmeza judicial, no con perros ni policías. No hace falta ninguna estructura judicial nueva, es esta ley, más un fiscal designado por la procuración y un juez por la corte en cada caso”, anunció Sergio Massa.
“El castigo debe estar pensado en el miedo a romper el pacto social. En este caso, pretendemos que haya miedo de ir preso y también de perderlo todo. Tenemos que tener dureza contra el narcotráfico y la corrupción. Tenemos que tener una firmeza ejemplar. No se trata de derecha o de izquierda, se trata de que haya castigo ejemplar para recuperar el respeto a la ley”, agregó.
También anunció Massa: “Queremos esta ley, para sacarle la plata y los bienes a los que se beneficiaron con lavado narco o con hechos de corrupción, así como también a quienes sean familiares directos o testaferros, que no puedan explicar la evolución de su patrimonio”.
Su proyecto de ley extiende la persecución a los activos que heredan los familiares de los condenados y los que se encuentren fuera del país: “Para terminar con la impunidad, hay que perseguir la plata y los bienes, porque un país que tiene más prófugos que presos, si no persigue los fondos se acostumbra y se resigna a la impunidad. No hay afectación del derecho de propiedad, porque atacamos el vicio de origen previo a la propiedad, como hacen los países más serios del mundo”, agregó Massa.
En Entre Ríos, Fuertes, hoy intendente de Villaguay, dijo: “Si los delincuentes, por más que se los condene, se quedan con el producto de un ilícito, el castigo no es suficiente. Por eso comparto la idea del proyecto de ley propuesto por Massa y el Frente Renovador que va a permitir recuperar ese beneficio económico, provecho de los delitos, para ser utilizado por el Estado”.
“En este particular momento que vivimos los entrerrianos al enterarnos las cosas que han sucedido en la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), vemos claramente la necesidad de contar con una legislación de ese tipo”, concluyó.