Las desventuras judiciales del vicepresidente desatan todo tipo de intrigas y especulaciones que rodean al gobierno de Cristina Fernández. Los traspies sufridos por Boudou llevan a la difusión de versiones que insinuán una interna de abogados en torno al vice.
De acuerdo al portal LetraP, tanto Pirotta como su jefe Richarte estarían bajo un fuerte cuestionamiento en la Casa Rosada por un tema que no sólo complica a Boudou sino también a la misma Presidente. Por esto habría llegado a oídos de Boudou la recomendación de deshacerse de su actual defensa.
Dice el portal: "Jefe y empleado están en la mira porque hasta ahora no registran ningún acierto en la defensa del vicepresidente y ya hay por lo menos 2 estudios que acercaron su tarjeta al entorno de Boudou. Uno de ellos llegó con la recomendación del ministro Julio De Vido, buen conocedor de las internas judiciales en los tribunales federales producto de las múltiples causas que afronta.
La recomendación que más escucha Boudou es que debe buscarse abogados lo más lejanos posibles al estilo de Richarte-Pirotta. Poco roce político, nada de contactos con la SIDE, buen nivel técnico y, en lo posible, prestigio. Se sabe que Federico Nicholson, ejecutivo de Ledesma, le recomendó al vice que se inclinara por Jorge Valerga Aráoz, reconocido penalista y que ahora asesora a Carlos Blaquier".
Fuentes de Ledesma consultadas por Urgente24 niegan que haya existido tal recomendación por parte de uno de sus ejecutivos. En tanto, según supo este medio, Nicholson asegura a sus allegados que "hace más de un año que no hablo con Boudou".
Por otro lado, parece improbable que la Casa Rosada dejara a Boudou optar libremente por su defensa, ya que prefiere mantener todo centralizado en el estudio Richarte.
La causa de Boudou no es la única que tramita ese buffet de abogados y que preocupa a funcionarios cristinistas.
Y todas las causas pasan por el escritorio de Carlos Zannini, el secretario Legal y Técnico, hombre fundamental de la gestión cristinista.
Boudou es investigado por intentar presuntamente quedarse a través de un testaferro con la imprenta Ciccone que, antes de su estatización, iba a ser contratada por la Casa de la Moneda para la fabricación de billetes de $100.
El juez Lijo citó al vicepresidente a que preste declaración indagatoria el próximo 15/07. Lo acusa de negociaciones incompatibles con la función pública.
