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Preocupa la pelea entre Randazzo y Echegaray

Las peleas entre el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo; y el titular de Afip (Aduanas) Ricardo Echegaray, hace peligrar la actividad del Puerto de Buenos Aires, advirtió la Unión de Consumidores Argentinos. "Ellos están poniendo en riesgo el normal abastecimiento de productos y sus precios, violando la ley y generando incertidumbre donde no debería haberla”, sostuvo el titular de la Unión de Consumidores de Argentina, Fernando Blanco Muiño, quien evalúa impulsar una denuncia judicial para que se investigue la situación creada entre el ministro Randazzo, y la AFIP, que dirige Echegaray.
27 de septiembre de 2013 - 19:44
“La Administración General de Puertos (AGP), que depende de (Florencio) Randazzo, bloqueó hace unos días atrás el uso de una zona operativa aduanera que había sido ilegalmente autorizada en la Terminal 4 por la Aduana, que está bajo el mando de (Ricardo) Echegaray. La AGP dispuso que los portones que comunican Terminal Buenos Aires S.A. y Terminal Cuatro S.A deben permanecer perfectamente cerrados y precintados, y que sólo podrán estar abiertos con autorización expresa por parte de las autoridades de la administración portuaria y/o ante un caso de extrema necesidad. Ante semejante ilegalidad, hemos intimado por acta notarial a la AGP y a las Terminales para que cumplan con la ley y con las disposiciones de las áreas de la administración que tienen competencia en la materia”, informó el titular de la Unión de Consumidores de Argentina, Fernando Blanco Muiño.
 
“Las contradictorias decisiones de los funcionarios del Ejecutivo Nacional generan mucha preocupación tanto a los importadores como a las terminales portuarias pero sobre todo, y es lo que nos interesa, a los consumidores por el impacto en abastecimiento y precios. Esto se debe, por un lado, a que esta situación afecta muy seriamente los trámites de importación de contenedores con múltiples productos que luego se vuelcan al mercado local y, por el otro, porque en este marco de ilegalidad se estaría negociando la prórroga portuaria por más de veinte años, excediendo el plazo del mandato de la actual administración, todo ello sin intervención de los organismos de control, sin audiencia pública, sin el control de la Comisión Parlamentaria de control de la privatizaciones ni de la UNIREN”, sostuvo Blanco Muiño.
 
“Todo esto tal como funcionaba hasta la decisión de Randazzo constituía una monumental ilegalidad, que consolidaba un enriquecimiento ilícito de las concesionarias en detrimento de la sociedad toda, pero en particular de los consumidores, usuarios y destinatarios de los bienes importados a incorporar a la cadena de consumo y producción nacional. Es absolutamente ilegal la autorización que la AFIP le otorgó a la Terminal Cuatro S.A. siendo cómplice el organismo recaudador de una explotación comercial ilícita, ampliando sin autorización el espacio originalmente autorizado para la concesión, y más aún sin tener la potestad para otorgar esa autorización, dado que la autoridad de control de Puertos es la AGP y no la Administración Federal de Ingresos Públicos”, explicó Blanco Muiño.
 
“Reivindicamos a la AGP y le pedimos que haga cumplir sus propios actos administrativos por que de ese modo permite que la actividad desarrollada encuadre dentro de los principios de transparencia e idoneidad, garantizando los controles fitosanitarios correspondientes de manera que lo ingresado no se convierta en un riesgo para la salud de los consumidores. Por ello, es impensable que el organismo que sólo tiene por miras recaudar impositivamente sea el que habilite la violación de la normativa de la autoridad de de puertos”, resaltó Blanco Muiño.
 
“Esperamos que se haga efectiva la decisión del Ministro Randazzo, que viene a remediar la complicidad de la AFIP para la irregular utilización de ese espacio por parte de la Terminal Cuatro S.A., dado que, de no tomarse esa medida, el modus operandi de ambas terminales, sin autorización formal alguna del Estado, había formado un monopolio de hecho en grave detrimento de las condiciones de mercado, generando, a la vez, en los usuarios y consumidores incertidumbre, inestabilidad comercial, aumentos de precios, irregularidades de los consumos, encarecimiento de tarifas y depósitos fiscales, y alteración de los programas de abastecimiento de importaciones, arbitrariamente restringidas por la Secretaría de Comercio Interior, que conduce el Lic. Mario Guillermo Moreno”, explicó Blanco Muiño.
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“Esperaremos las próximas 72 hs que es el plazo otorgado a través del Acta Notarial con la esperanza que la propia AGP avance en la normalización del sector, en caso contrario el objetivo de la denuncia judicial será para que  el acto administrativo de la AGP, de recuperar la dignidad del Estado, sea convalidado como un acto de autoridad y orden, mandando su ejecución imperativa e intimando al cumplimiento de la orden bajo el apercibimiento de caducidad de la concesión, es decir, o cumplen o se van”, graficó Blanco Muiño.
 
“Por último, volvemos a sostener que para un gobierno democrático, antes que los concesionarios debe estar el Pueblo. Los consumidores y usuarios también tienen derechos patrimoniales, compartidos y colectivos, de la misma y superior jerarquía que los concesionarios y que no pueden ser ignorados por un soberbio autoritarismo de las propias terminales privadas que se fusionan para operar un servicio al que no están autorizados, pretendiendo adueñarse de algo que no les corresponde, saliendo a la luz las irregularidades, las complicidades, las desinteligencias y las contradicciones de la administración pública nacional que no hacen más que dañar y resentir los intereses de los consumidores y de la sociedad en general”, finalizó Blanco Muiño.

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