El procedimiento ha de ser idéntico al caso reciente del pederasta español Daniel Galván, indultado por error. Marruecos pidió su detención a través de Interpol y una vez llegó la orden a España, fue arrestado.
Una vez detenidos, los tres exfuncionarios franquistas pasarían a disposición de la Audiencia Nacional, que debería decidir sobre su extradición a Argentina, como reclama Servini de Cubría desde Ciudad de Buenos Aires para interrogarlos. El Consejo de Ministros aprobaría o no la extradición.
Hasta la fecha, el Gobierno no ha colaborado con la juez argentina. De hecho, intentó frenar la apertura de la causa en Buenos Aires alegando en 2011, en respuesta a un exhorto del equivalente a la Audiencia Nacional argentina, que esos crímenes ya estaban siendo investigados en España, cuando, en realidad, el juez Baltasar Garzón había sido suspendido precisamente por intentar hacerlo.
En 2012, el Tribunal Supremo cerró definitivamente la vía a la investigación penal de dichos crímenes. Así se lo explicó el propio Garzón a Servini de Cubría cuando esta le tomó declaración el pasado 27 de mayo en Buenos Aires.
La juez argentina ya ha tenido un encontronazo con el Gobierno español, que el pasado mayo impidió que tomase declaración por videoconferencia a víctimas del franquismo. Con todo ya preparado, en el Consulado argentino en Madrid y en el despacho de la magistrada en Buenos Aires, Servini de Cubría canceló las videoconferencias.
La resolución de la juez, de 200 páginas, pide su detención para tomarles declaración indagatoria y, según Castex, incluye un exhorto al Gobierno español para colaborar en su localización.
Entre los argumentos de su decisión, la magistrada retoma informes de Amnistía Internacional sobre los crímenes del franquismo, el testimonio del exjuez español Baltasar Garzón y las declaraciones de las víctimas y de sus familiares.
"Es una decisión sin precedentes que abre una esperanza a las víctimas", apuntó Castex, abogado querellante en la causa abierta en Buenos Aires en 2010 por "delitos de genocidio y/o lesa humanidad" cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, que abarca el periodo de julio de 1936 a junio de 1977 ya referido.
> Muñecas Aguilar, capitán de la Guardia Civil, fue condenado a 5 años por rebelión militar y expulsado del cuerpo por su participación en el golpe de Estado del 23-F de 1981.
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> Celso Galván Abascal, inspector de la siniestra brigada político-social durante la dictadura franquista y escolta del dictador Francisco Franco, fue absuelto del asesinato del estudiante Enrique Ruano en 1969.
> José Ignacio Giralte González, también miembro de la Brigada Político-Social, fue comisario del Cuerpo Nacional de Policía y su nombre aparece en al menos cuatro de las querellas presentadas en Argentina, asociado a torturas a miembros del movimiento estudiantil.
> González Pacheco, alias 'Billy el Niño', que aparece hasta en 17 querellas del franquismo por delitos de torturas, fue citado a declarar en los procesos por el asesinato de los abogados de Atocha y en juicios relacionados con grupos paramilitares antiterroristas, así como condenado por malos tratos, pero se benefició de la ley de Amnistía de 1977.
“Olía mucho a alcohol. Era bajito, feo, con los ojos saltones. Tenía 28 años, solo dos más que yo. Y disfrutaba torturando. Se le notaba porque en medio de la furia, al pegarte bofetadas y patadas, tenía un gesto de placer, de satisfacción”. Así es como Felisa Echegoyen recuerda al exinspector José Antonio González Pacheco, alías Billy El Niño, uno de los cuatro cargos franquistas a los que la juez argentina María Servini de Cubría ha ordenado detener para interrogarlos en Buenos Aires.
“Entró en mi casa con otros cuatro policías el 8 de octubre de 1974. Tiraron la puerta abajo y yo me escondí detrás de la nevera. Me sacaron de los pelos. Me llevaron hacia la ventana y pensé que me iban a tirar. Grité. Billy El Niño me puso un pañuelo en la boca y casi me ahoga. Con las mujeres era igual de bruto. ‘¡Puta roja!’, me gritaba”, prosigue Echegoyen. “Me daban patadas mientras me preguntaban: ‘¿Dónde está la multicopista?’ Yo no la tenía, pero en una bolsa en el tejado encontraron propaganda de varios partidos y me llevaron a la DGS [sede de la antigua Dirección General de Seguridad en Sol], donde varias veces al día te subían del calabozo para interrogarte y torturarte”.
José María Galante, de la asociación La Comuna, también lo recuerda muy bien. “Le encantaba el mote que le habían puesto. Una vez, me tenía esposado al radiador en un despacho de la DGS, llegó, me dio un culatazo y me dijo: ‘Has tenido el honor de que te pegue un culatazo Billy El Niño”. “Era muy peligroso porque no tenía muchas luces y sí una impunidad absoluta. Era bastante alfeñique, poca cosa. Se ponía delante de ti a hacer gestos de kárate, te daba una patada y te decía: ‘Eres un gran saco de golpes’. No era un funcionario que torturaba, era un torturador compulsivo, disfrutaba haciéndolo: ‘Te puedo destruir”.
Galante también pidió la imputación del excomisario José Ignacio Giralte González, al que acusa de torturas en la DGS. Como Alfredo Rodríguez Bonilla, cuyo testimonio recoge la juez argentina en el auto por el que ordenó su detención: “Me decían que bajara la cara. Cada vez que lo hacía, me golpeaban. Por la espalda recibí golpes, incluidos los que me propinaban con las propias cadenas con las que fui detenido y patadas en la entrepierna. Según me iban golpeando, me decían: ‘Di que tu madre es una puta y tu padre es maricón...”.
Acacio Puig también celebraba ayer la orden de detención contra Celso Galván, pese a que ha fallecido y no tendrá que responder ya ante la justicia. “Un día, al volver del cine con mi novia, me encontré a la policía en casa, donde teníamos un almacén de propaganda de la Liga Comunista Revolucionaria. Era mayo de 1973. Nos llevaron a la DGS y allí Celso Galván dirigía las torturas. Él no pegaba, era torturador de guante blanco. Les gritaba a los demás: ‘¡Baldar a este hijo de puta!’, ‘¡Leña hasta que hable inglés!”.
Andoni Arrizabalada murió hace unos años, pero su hermano Jon decidió querellarse en Argentina por las torturas que le habría propinado el guardia civil Jesús Muñecas Aguilar. “Le ataron por el pie al hueco de una escalera desde un tercer piso, le hacían creer que le iban a ahogar... Cuando mi padre y mi hermano fueron a verle, el capitán Muñecas lo sacó para que lo vieran bien. Les dijo, sonriendo: ‘Esto es lo que ocurre cuando no quieren colaborar’. Estaba tan desfigurado por las palizas que mi padre y mi hermano no le reconocieron. Tenía 29 años. Después de aquello le soltaron. Volvió a ser detenido, pasó ocho años en prisión por ser militante de ETA y salió con la amnistía de 1977”.
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La juez argentina María Servini de Cubría ha escrito un auto de 204 páginas para argumentar los motivos por los que reclama, desde Buenos Aires, la detención de estos cuatro hombres. Considera que los hechos de los que resultan responsables son “sancionables con penas de ocho a 25 años de prisión” y precisa que “constituyen crímenes de lesa humanidad, por lo que son imprescriptibles”.
Con cautela, porque la experiencia les ha enseñado que cuando algo les sale bien, lo siguiente les sale mal —Garzón abre una causa contra el franquismo, pero le suspenden a continuación—, las víctimas del franquismo celebraron ayer las órdenes de detención. Pero desconfían. “Durante la dictadura, España fue refugio de nazis. Sería muy triste que ahora fuera manto protector de torturadores”, afirmó Manuel Blanco Chivite, uno de los querellantes, y miembro de la asociación La Comuna.
